La Ley 10-07 rige para el control interno del gobierno y autoriza a la Contraloría General de la República a realizar auditorías a las instituciones que administran fondos públicos con el objetivo de viabilidad su correcta ejecución.

El artículo 11 de esa ley establece que la Contraloría General de la República es un organismo del Poder Ejecutivo, rector del control interno. “Ejerce la fiscalización interna y evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos por las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley, en función del logro de los objetivos institucionales y de los planes y programas de gobierno y del cumplimiento del mandato constitucional a dicho Poder”.

El artículo 1 de esa misma ley fija el control político y social de la administración pública en la Contraloría General de la República.

“La presente ley tiene por finalidad instituir el Sistema Nacional de Control Interno, su rectoría y componentes; establecer las atribuciones y facultades de la Contraloría General de la República; regular el control interno de los fondos y recursos públicos y de la gestión pública institucional y su interrelación con la responsabilidad por la función pública, el control externo, el control político y el control social; y, señalar las atribuciones y deberes institucionales en la materia”.

Como la Contraloría General de la República depende del Poder Ejecutivo, está en la obligación de seguir las pautas trazadas por el presidente de la República. En cada entidad del Estado la Contraloría tiene representantes, que validan los procesos administrativos de acuerdo con las normas de la administración pública.

La Contraloría tiene información al día de cómo marchan las entidad estatales en materia administrativa. La CGR realiza el control interno, y siempre ha rendido cuentas al Poder Ejecutivo, pero sus investigaciones no se ofrecen públicamente, como sí está obligada a hacer la Cámara de Cuentas, como control externo del gobierno.

Numerosas instituciones estatales auditadas por la CGR están ofreciendo informaciones, aclaraciones, precisiones, sobre las irregularidades identificadas por los técnicos de la CGR, y que se dieron a conocer por decisión del presidente Luis Abinader, quien pidió hacer públicas las informaciones de la auditoría interna en manos de la CGR, incluyendo los gastos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, varias secretarías de Estado, y direcciones que también dependen de la presidencia de la República.

La decisión del presidente es valiente y correcta. No es una simple disposición politiquera. Pone en riesgo la imagen de funcionarios e instituciones que en los últimos tres años han sido dirigidos por su partido, y por personas de su confianza. 

Quien haya cometido errores, irregularidades, o quien haya desviado la orientación de fondos estatales y fue registrado por la CGR queda identificado de inmediato, incluyendo el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la dirección de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la CAASD, el INDRHI, INAPA y muchas otras entidades.

Ningún funcionario cuestionado puede enfrentarse al presidente de la República por haber ordenado la publicación de estas auditorías internas. El presidente fue claro desde el principio de su gobierno, de que tenía amigos, no socios, y que esta administración está comprometida con el manejo pulcro de los fondos estatales.

La decisión es importante porque a menos de un año de las elecciones el presidente está poniendo en evidencia los lugares donde hay problemas, donde se encuentran irregularidades, está advirtiendo a los propios funcionarios que no tienen argumentos para escudarse tras la sombra o el amparo del presidente, y está dando una alerta para que aquellos que tienen problemas gerenciales que los corrijan a tiempo y queden bien cuando sean auditados por la Cámara de Cuentas.

En aras de la transparencia, debía quedar como norma que la Contraloría General de la República, cada año, de a conocer las auditorías internas que realiza a las entidades estatales, que es también una forma de empoderar más a una institución que ha tenido poca visibilidad en materia de lucha contra la corrupción.