El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acaba de emitir una decisión en instrucción, sobre el juicio a los imputados en el caso Antipulpo, que resulta elocuente, correcta, y avalada por todos los indicios probatorios que ofreció el Ministerio Público.

¿A quién, en su sano juicio, se le podría ocurrir la idea de que el caso Antipulpo estaba exento del juicio de fondo? Habría que ser muy fanático contra todos los indicios ofrecidos en ese proceso, o habría que ser abogado de una de las partes para sostener que la decisión pudiera implicar un No Ha Lugar a las peticiones presentadas por los fiscales.

En ese proceso hubo por lo menos cuatro personas que se declararon culpables para obtener el beneficio de un juicio abreviado, y la consideración del Ministerio Público sobre la cantidad de años de prisión que se solicitaría en sus casos.

El expediente Antipulpo tiene muchas ramificaciones. No es un juicio simple. Es un juicio al ejercicio abusivo del poder, a las influencias que devienen de la familiaridad con la cumbre del poder, y a las manipulaciones de las debilidades institucionales y personales de las personas designadas para cumplir funciones de salvaguarda del patrimonio público.

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, hizo lo correcto. Acogió los acuerdos firmados por los que se declararon culpables, y estableció los parámetros del juicio abreviado, con las condenas correspondientes, y envió a juicio de fondo a todos los demás que prefirieron dar su batalla alegando inocencia en una situación realmente compleja, enmarañada por un amasijo de pruebas que resulta imposible esquivar ante cualquier juzgador imparcial, deseoso de cumplir el rol que le corresponde en una sociedad donde hace falta sentar ejemplos.

Este proceso tiene altos funcionarios imputados, oficiales militares que fueron parte de una trama, organismos oficiales que permitieron ser penetrados a través de sus nóminas y sus mecanismos de control, testaferros que se creyeron con capacidad para esconder los hilos del fraude, porque el amparo que recibían era demasiado espectacular.

Es un caso en el que el Ministerio Público ha realizado una intensa y exhaustiva labor. Antipulpo tiene conexiones y vínculos estrechos con otros casos en proceso. Ya se verá y se podrá analizar el entramado y sus características, y las colindancias entre un caso y otro.

Ningún ciudadano, por más hermano del presidente de la República que sea, puede ampararse en esa relación sanguínea para estropear el trabajo de las instituciones estatales, venderles y esquilmarlas a precios viles, ni comprar impunidad bajo la excusa de que los lazos de familiaridad son un eximente de responsabilidad.

Y eso es bueno que lo sepan los hermanos, hermanas, familiares, cónyuges, hijos, hijas de todos los presidentes de la República, de los que han pasado, los presentes y los que vengan. A la justicia le corresponde una gran responsabilidad en este momento respecto de esa cuestión del nepotismo en las instituciones del Estado, y el control externa de sus decisiones de transparencia.

Felicitamos al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por su correcta decisión sobre este bien documentado proceso.