Que agentes de la Dirección General de Migración, prevaleciéndose de su condición de autoridad, violen una menor de edad, de apenas 14 años, es una actuación denigrante, deleznable y el gobierno debe poner todo su empeño en investigar y procurar una sanción ejemplar si las circunstancias ocurrieron como se ha descrito públicamente.
La agresión sexual ocurrió el fin de semana pasado. La víctima es una adolescente haitiana. Fue violada en grupo, por agentes oficiales, uniformados de la Dirección General de Migración. La tragedia ocurrió en Punta Cana, donde hay una amplia comunidad migrante, especialmente de haitianos.
La niña y su familia denunciaron el caso ante la Fiscalía del municipio, que comenzó las investigaciones de forma inmediata. Sin embargo, advertidos de las investigaciones, los agentes de migración comenzaron a amenazar a la familia víctima del estropicio. Las amenazas que hicieron incluyen la muerte a toda la familia, y además amenazaron a los vecinos del sector donde vive la familia víctima. A este último grupo le amenazan con deportaciones masivas, en caso de que la familia mantenga la acusación de violación de una menor de edad.
La DGM es el organismo responsable de detener y deportar a los ciudadanos extranjeros irregularmente en la República Dominicana. Este organismo, sin embargo, no puede permitir que sus agentes rompan viviendas, golpeen a las personas detenidas, ni les roben sus pertenencias, y menos debe permitir, ni hacerse de la vista gorda ante una situación cuestionable desde cualquier ángulo, que violen los derechos humanos y menos que haya ningún tipo de agresión sexual y menos contra menores de edad.
El director general de Migración, Venancio Alcántara, ha dicho que este hecho, de ser comprobado, será sancionado por las autoridades.
La Dirección General de Migración (DGM) investiga la denuncia sobre una supuesta violación a una haitiana menor de edad en Bávaro, provincia La Altagracia.
La institución interroga a todos los inspectores migratorios que participaron en el operativo de interdiccion el pasado el viernes 5 de abril cuando se registro la acción denunciada.
Las indagatorias se realizan de manera conjunta con el Ministerio Público de la provincia La Altagracia, que está al tanto de los hechos y la Dirección General de Migración coopera con las autoridades para esclarecer el caso.
Venancio Alcántara, director de Migración calificó de reprochable ese tipo de ultraje y garantiza a la ciudadanía que si uno de los inspectores está involucrado en esa violación tan bochornosa será cancelado y puesto a disposición de la justicia para determine su inocencia o culpabilidad.
Agregó que no tendrá contemplación debido a que no tolera ese tipo de acciones porque a diario a los inspectores migratorios se le instruye para tratar con respeto a los extranjeros interdictados, no importa la nacionalidad, por que su misión es cumplir la ley 285 – 04.
Los inspectores migratorios andan en las calles debidamente identificados y NO usan pasamontañas para evitar confusión y que la ciudadanía reconozca cuando se trata de operaciones de Migración.
La DGM no permitirá que sus colaboradores cometan acciones reñidas con la ley.
Homero Figueroa, vocero de la Presidencia de la República, emitió un comunicado en nombre del gobierno en el que rechaza actuaciones denigrantes como la denunciada y promete que habrá investigación y sanción, en caso de que se compruebe la denuncia.
“Este hecho no quedará impune. Nos comprometemos a emplear todos los recursos disponibles para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este acto bochornoso. El respeto de los derechos de todos los habitantes, nacionales o extranjeros, de la República Dominicana debe ser una prioridad absoluta”, dice la declaración del gobierno.
Y como no estamos aislados, ni los funcionarios tienen impunidad para sus desmanes, la embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que da seguimiento a la denuncia.
Patricia Aguilera, la encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos en el país, y embajadora interina, ha expresado su preocupación por situaciones como la denunciada. Y tiene toda la razón.
Saludamos la rápida acción tomada por las autoridades dominicanas para investigar las extremadamente preocupantes acusaciones de violación sexual en contra de una menor, de parte de miembros de la Dirección General de Migración. Apoyamos a cualquier víctima de abuso sexual y continuaremos monitoreando este caso mientras las autoridades dominicanas concluyen su investigación y procesan a los responsables, de ser comprobado el hecho, con todo el rigor de la ley”.
Por la naturaleza de este acto criminal y abusivo la investigación del Ministerio Público tiene que ser profunda y rápida, y recoger las pruebas suficientes para condenar a estos deleznables agentes de migración.