¿Cuánto tiempo mantendrá Estados Unidos la prohibición de la importación de azúcar dominicana a la empresa Central Romana?
Es un tema que interesa al gobierno y a los ciudadanos dominicanos. Central Romana es el principal exportar de azúcar dominicana a los Estados Unidos.
La preocupación no tiene que ver con el tema estrictamente económico. Todo el mundo sabe que Central Romana es una empresa de sólida base financiera e industrial, y que su producción es variada, y que su riqueza no se quiebra por la prohibición de los Estados Unidos. Pese a todo el azúcar es uno de sus negocios.
La cuestión es el efecto moral y de imagen para Central Romana y muy especialmente para la República Dominicana.
Mientras esa tacha se mantenga, y que afecta a una empresa de capital norteamericano, con una muy larga tradición de venta de azúcar a los ciudadanos americanos, será nocivo el daño que se hará a la imagen de nuestro país, al turismo, a las inversiones y a la seguridad jurídica.
Si los Estados Unidos ha mantenido la presión sobre Central Romana, que tiene tanta influencia en Washington, que mantiene lobby sobre los partidos Demócrata y Republicano, es probable que se interprete que el gobierno dominicano es flexible con la violación de los derechos humanos y de los trabajadores en otras empresas productoras de azúcar.
La empresa Central Romana emitió un comunicado negando las acusaciones. Tenga o no razón, Estados Unidos mantendrá la prohibición hasta que reciba la seguridad de que las condiciones denunciadas cesarán. Y corresponde a Central Romana dar el paso para anunciar un cambio de actitud, una mejoría en las condiciones de trabajo de sus servidores.
El gobierno dominicano puede ayudar. Puede verificar esas condiciones de trabajo por vía del ministerio de Trabajo.
Es un caso para actuar con agilidad. Niegue o no las condiciones denunciadas, la empresa Central Romana está conminada a producir el cambio, y Estados Unidos ha dicho que está dispuesto a acompañar a esta empresa en el cambio que debe hacerse.
Los grupos que presionan en Washington han demostrado poseer información y tener influencia en la Casa Blanca. Es una cuestión que podría contribuir positivamente en la imagen del país si se cambia rápidamente de postura.
Lo que dijo Robert Thomas, embajador interino de los Estados Unidos, en la Cámara Americana de Comercio es muy elocuente. Invitamos a releerlo con cautela y ponerle toda la atención.
Aquí sus palabras sobre el caso:
Permítanme hablar de los derechos de los trabajadores. Estados Unidos cree que las economías y las sociedades prosperan cuando todos son tratados con dignidad. Nuestros dos gobiernos han aprobado leyes para proteger los derechos básicos de los trabajadores, tanto en casa como en los países con los que hacemos negocios.
Estas leyes se aplican a todo el mundo: las empresas no tienen carta blanca para no cumplir con sus responsabilidades según la ley simplemente porque contratan a trabajadores de poblaciones vulnerables que pudieran tener miedo de defender sus derechos.
El Central Romana Corporation tiene un largo y desafortunado historial de no dar a sus trabajadores el trato que merecen. Las acciones de Central Romana incluyen, entre otras, la creación de duras condiciones laborales, oferta de viviendas inadecuadas para los trabajadores, oferta de salarios extremadamente bajos, establecimiento de limitaciones a los movimientos de los trabajadores, dejándolos en un estado de aislamiento y provocando el miedo a represalias por denunciar.
Las agencias gubernamentales estadounidenses, así como los líderes de la sociedad civil, han debatido públicamente la preocupante situación de esta empresa durante muchos años. Sin embargo, algunas de nuestras preocupaciones fundamentales siguen sin resolverse. Ahora la empresa tendrá que rendir cuentas.
A partir de hoy, el gobierno estadounidense, a través de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo, ha prohibido la importación de azúcar de Central Romana a los Estados Unidos. Nuestra esperanza es que esta seria acción conduzca a mejores condiciones para los trabajadores y a un ambiente de competencia más fuerte para las muchas empresas que sí tratan a sus trabajadores de manera justa. Estamos dispuestos a trabajar con la empresa si decide tomar un camino diferente, pero todos los trabajadores merecen un trato justo, y las empresas que sí defienden condiciones laborales justas no deberían tener que competir con las que no lo hacen.
Los dominicanos me han dejado claro que creen que todos los trabajadores merecen un trato justo, y la actual legislación laboral dominicana ya lo exige. En el marco del acuerdo comercial DR-CAFTA, tanto la República Dominicana como Estados Unidos se comprometieron a la plena aplicación de nuestras leyes laborales. Con esta acción, estamos haciendo cumplir las nuestras, incluso cuando se trata de una empresa estadounidense. No estamos eludiendo nuestras propias responsabilidades: importar productos a Estados Unidos que se fabrican con trabajo forzoso va en contra de nuestros valores, y de nuestras leyes, y también va en contra de las leyes y los valores de la República Dominicana.
Trabajamos estrechamente con el gobierno dominicano en cuestiones laborales, y seguiremos haciéndolo. Tenemos una fuerte colaboración con el Ministerio de Trabajo, y estamos proporcionando asistencia técnica al Ministerio para ayudar a aumentar su capacidad de implementación del código laboral. Pero seamos claros: esta acción no tiene que ver con el papel del gobierno. La ejecución gubernamental es la última herramienta. Se trata del papel del empresario privado de cumplir con la legislación laboral que ya exige un trato justo para los trabajadores.
Si es necesario que el gobierno haga cumplir la ley, ya sea aquí o en Estados Unidos, significa que el empleador ya ha dejado de tratar a las personas de forma justa.
Gobierno dominicano y Central Romana, manos a la obra, tan pronto sea posible. Hagamos el cambio.