Es un hecho el derrocamiento del frágil gobierno que encabezaba el primer ministro de Haití, Ariel Henry (no elegido y ratificado por el parlamento), por parte de las bandas que asumieron el control de la capital haitiana desde el pasado fin de semana, y que impidieron que el gobernante interino pudiera aterrizar en Puerto Príncipe o en cualquier otra parte del territorio haitiano.
El primer ministro de nombre se encuentra en Puerto Rico. Quiso utilizar el territorio dominicano para, a través de la frontera física, ingresar a su país. El gobierno dominicano negó esa posibilidad.
Y luego se ha sabido que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajadora en el Consejo de Seguridad de la ONU, Linda Thomas-Greenfield, había propuesto a Henry abandonar el poder y dar paso a un gobierno provisional que organizara elecciones.
Estados Unidos ha sido renuente a asumir más compromisos con Haití en medio de la crisis en que se encuentran los haitianos. Todo lo ha diferido hacia el "multilateralismo" en las Naciones Unidas.
Con el derrocamiento de Ariel Henry fracasa la misión internacional de paz que encabezaría Kenia. Pese a que a última hora se hicieron intentos para acelerar la llegada de las tropas kenianas, a las que se sumaría Henry para entrar al país, no se obtuvieron los fondos y esa misión de paz está ahora en punto muerto.
La realidad es que no aparecieron ni siquiera 50 millones de dólares para que los kenianos comenzaran operaciones. Necesitaban que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos diera aprobación, y los demócratas no están dispuestos a comenzar una nueva aventura bélica en medio de un complicado y desventajoso proceso electoral.
Las pandillas que gobiernan Haití se han preparado para hacer frente a las tropas que lleguen del exterior, en caso de que se materialice la intervención.
El hecho que ha complicado todavía más la profunda crisis que sufre Haití es que las pandillas tomaron la principal prisión de Puerto Príncipe y dispusieron la puesta en libertad de todas las personas que cumplían condena.
Al mismo tiempo decidieron dejar en libertad a los secuestrados, sin cobrar el dinero que antes exigían, y han prometido la defensa y seguridad de los ciudadanos haitianos. Han comenzado a recoger cadáveres y prometido que no enfrentarán a los policías ni quemarán las comisarías, como estaban haciendo. Incluso la cárcel ha vuelto a operar bajo el control de los nuevos “gobernantes”.
Este miércoles era posible que se aprobara, entre las bandas y algunos grupos seleccionados por ellos (empresarios, iglesias, líderes de la religión voudú, entre otros), la designación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Haití como presidente provisional, para organizar elecciones en un período de 90 a 180 días.
La realidad parece imponerse en Haití, con una solución muy típica de los haitianos, sin presencia de tropas internacionales y rechazando la influencia de Estados Unidos, Francia y Canadá (Core Group) y de los demás organismos que han estado patrocinando soluciones, como la ONU y el Consejo de Seguridad, la Organización de Estados Americanos y el Caricom.
Las bandas criminales y de secuestradores, traficantes, jefes tribales y comunales, ex agentes policiales, sectores vinculados con las drogas y el crimen, desprovistos de cualquier legitimidad, asumen un gobierno de un país, tres años después del asesinato del presidente de esa nación, Jovenel Moise, y no hay señales de que la solución tienda a cambiar el estado de incertidumbre en que los haitianos han vivido en los últimos años.
Lo cierto es que se trata de la sustitución de un gobierno precario, que nunca gozó de apoyo mayoritario, que nada hizo para legitimarse, por otro surgido por la fuerza de los hechos, no por derecho, y que promete guiar al pueblo haitiano hacia la normalidad institucional.
Deseamos que tengan suerte. Haití sigue siendo tierra especial para lo insólito y lo deslumbrante.