Estados Unidos acaba de tomar una decisión que debía ser observada con cautela, estudiada en profundidad y vista como una señal de apoyo al Ministerio Público y al gobierno dominicano, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, y el inicio de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El presidente Joe Biden amplió las facultades del Departamento de Estado para restringir los visados a personas vinculadas con actividades de corrupción, que de inmediato se puso en marcha.
El Departamento de Estado anunció designó a más de 30 personas de conformidad con la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2023 (Div. K, P.L. 117-328), según lo dispuesto por las Asignaciones Continuas. Ley de 2024 (Div. A, PL 118-15).
Se informó también que el Departamento del Tesoro está designando a dos personas y 44 entidades de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, implementando la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos.
En la lista dada a conocer este lunes, se incluye en primer lugar a dos miembros del parlamento de Afganistán: Mir Rahman Rahmani, ex vocero del Parlamento, y Ajmal Rahmani, ex miembro del Parlamento de su país. El segundo país incluido es Bosnia y Herzegovina, del cual se incluye a Diana Kajmakovic, ex procuradora, y a Osman Mahmedagic, director general de seguridad y de la agencia de inteligencia, por actos de corrupción.
A seguidas, porque el orden que sigue es alfabético, aparece la República Dominicana, con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, por su involucramiento en actos de corrupción y apropiación de fondos públicos. En este caso los miembros de su familia, incluyendo a su esposa y dos hijos menores, quedaron incluidos en la cesación de sus visados.
Luego continúa con Haití, de cuyo país se toma el caso del ex primer ministro Jean-Max Bellerive, por participar en actividades corruptas y de atentar contra la integridad del gobierno haitiano. En esa misma lista se incluye a los ex senadores haitianos Nenel Cassy y Herve Fourcand. En relación con Cassy se incluyó a los miembros de su familia inmediata, incluyendo a su esposa y un hijo menor.
En la parte que nos toca directamente, Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, esta decisión debe llevarlo a una revisión de su estrategia. Ha contratado abogados para dilatar tanto como sea posible su proceso legal. Si es inocente, como sostiene, debía procurar que su caso se conozca, y sea descargado por un tribunal competente.
Y en otro sentido, ha desarrollado una campaña mediática de presión contra el Ministerio Público y contra el gobierno, y como parte de esa campaña ha puesto en marcha un canal de comunicación por una red social en donde ofrece datos sobre los supuestos abusos que en su contra se han cometido. En realidad, y en procura de su propia defensa, debía buscar que su caso sea conocido y que sus argumentos lo liberen de las imputaciones que se le han formulado. Y que se revisen las pruebas y todas sus argumentaciones, para que sean los tribunales los que decidan que Jean Alain es inocente y que los culpables de las actuaciones que se le atribuyen son subalternos suyos que no le informaban lo que hacían.
Este caso del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tomando decisiones con tanta firmeza y en la práctica acusando al ex procurador no deja ninguna duda de que el delito de corrupción no es una simple infracción penal, que se queda bajo alfombras dominicanas, sino que es algo más destructivo, que afecta la calidad de la democracia, la cooperación internacional, y que destruye los cimientos de un régimen de libertades, derechos y desarrollo, al que todos estamos obligados a defender. No importa que sea en Afganistán, en Bosnia, en República Dominicana, en Haití o en Liberia.