Luego de investigar y consultar con la Dirección General de Migración , el Ministerio Público de la provincia La Altagracia ha presentado una acusación contra un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, Paulino de la Cruz, por ser el responsable único de la violación de una menor de edad, de nacionalidad haitiana, el pasado 5 de abril.
Paulino de la Cruz era parte de un equipo de inspectores de migración, integrado por 13 personas, que perseguían a supuestos indocumentados en la zona de Verón, y alrededor de las 5 de la mañana apresaron a varias personas y las subieron a una camioneta del organismo responsable de perseguir y deportar a los ciudadanos extranjeros en condiciones de irregularidad en el país.
De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, de Verón, el militar residente en Mendoza, Distrito Nacional, es el único responsable de la violación sexual contra la menor de edad, porque se separó del grupo de trabajo, portando chaleco militar y se acercó a la vivienda de la madre de la menor, encontrándola sola, le ordenó silencio, se quitó su pasamontañas, solicitó que le besara, a lo que se negó la menor, pidiendo ayuda. El militar la agarró por el cuello, la condujo al interior de una habitación, le quitó los pantalones cortos que ella llevaba, además del vestido que tenía puesto, la tiró en la cama, y procedió a violarla sexualmente. Una vecina, de nombre Fabiola Jean Batist, acudió al socorro de la menor al escuchar sus gritos, y es el momento en que el agresor emprende la huida. La vecina encontró a la adolescente con las ropas en la mano, manifestando que el militar la había violado, y al ser evaluada por una ginecóloga de la Unidad de Atención Víctimas de Violencia de Género, se comprobaron los datos de la violación.
Además, un ciudadano entregó copias de fílmicas de la violación, que están en manos del Ministerio Público. La adolescente, posteriormente, identificó a su agresor entre el equipo de 13 miembros del equipo de la Dirección General de Migración.
Paulino de la Cruz presumiblemente tenía seis meses trabajando como militar al servicio de la Dirección General de Migración. Ese trabajo consiste en una segunda supervisión, después de los inspectores de migración en las casas donde viven haitianos, y forman parte de un equipo militar que persigue a los buscados por falta de documentos.
Paulino de la Cruz dice tener 18 años de edad y que su trabajo es brindar servicios en misiones de control de migración, y niega en el interrogatorio tener conocimientos de la violación sexual ocurrida.
El Ministerio Público solicitó un año de medida de coerción contra el rezo de la Fuerza Aérea, al servicio de la DGM, por los hechos que le imputa. La acusación se hizo en nombre del Estado Dominicano.
Lo que resulta extraño en ese caso es que la DGM afirme que el violador de la menor haitiana no es oficial de DGM sino un oficial de la Fuerza Aérea. Todo el mundo sabe que son muchos los militares que trabajan como colaboradores de otras entidades públicas (policía, militares, DGM, etc).
Es incomprensible que la DGM pretenda distanciarse para evitar rendir cuentas ni asumir responsabilidades en este caso.
DGM debe asumir las responsabilidades que le tocan, como deberá asumirlas por todos aquellos que participan en sus operativos, sean oficiales adscritos al DGM o de otras instituciones ya que todos están apoyando operativos de deportación.
Con bastante frecuencia vemos como la DGM se adjudica los méritos de las deportaciones, informa sobre la cantidad de personas apresadas y deportadas, sin atribuirle responsabilidad a las otras ramas militares y policiales que colaboran con esa entidad en esas deportaciones. Esa versión da pie a que los militares puedan comportarse como forajidos, como chivos sin ley, hacer lo que les da la gana, porque sus compañeros de trabajo no tienen autoridad sobre el trabajo que ellos realizan. Un militar miembro de la Fuerza Aérea carece de conocimientos sobre el sistema de persecución y deportaciones, y debe ser entrenado e informado sobre las características del trabajo a realizar. Y si los inspectores de migración violan los derechos humanos de los migrantes, los militares que van detrás de ellos harán lo propio.
A partir de este caso, entendemos que el Ministerio de Defensa debe proteger a sus miembros, y establecer condiciones en la participación de sus miembros en los procesos de persecución de migrantes supuestamente irregulares. La responsabilidad de esta violación corresponde a la DGM. Es una situación que también el Ministerio Público debió dejar claro en su expediente acusatorio.