El día 5 de agosto del 2004, los Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua  firmaron el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (DR-CAFTA).

Como se informó entonces, ese tratado obligaba a los socios a poner en marcha un programa de desmonte, reducción o eliminación de aranceles para las importaciones de productos de todos y cada uno de los países firmantes.

También permitía que cada país protegiera durante un tiempo adecuado aquellos productos que considerara estratégicos. Concluido ese tiempo, los aranceles debían de ser desmontados. Para el arroz de República Dominicana la eliminación de la protección arancelaria empezará en el año 2025.

El gobierno, de común acuerdo con los productores de arroz, se ha propuesto la meta de lograr una renegociación en el DR-CAFTA que, si bien no elimine la obligación de desmontar los aranceles para las importanciones del cereal, por lo menos sea pospuesta.

No es una tarea fácil, pero siempre es posible que los socios se sienten a negociar. Hace poco, el propio gobierno de Estados Unidos, presionó y logró una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que suscribió en los años noventa con Canadá y México.

Quizás lo más conveniente para la República Dominicana sea tratar de lograr consenso con los socios similares en cuanto al tamaño de sus economías, es decir los países centroamericanos, para proceder a negociar en bloque con Estados Unidos la continuidad de la protección de productos estratégicos.

Ojalá que la República Dominicana pueda convencer, sobre todo a Estados Unidos, para una renegociación que salve la producción nacional de arroz, que es lo mismo que decir salvar a cientos de grandes y pequeños productos, a comerciantes y, sobre todo, cientos de miles de empleos directos e indirectos.

¿Quién no hizo su tarea?

Es preciso recordar que una vez suscrito el DR-CAFTA, se suponía que cada país pondría en marcha programas y políticas para hacer más eficientes sus economías, tanto en la manufactura como en la agropecuaria. En los mercados abiertos tiene la ventaja quien produzca más, con altos niveles de calidad y bajos costos, es decir con mayor eficiencia, para poder ofrecer precios atractivos.

Habría que preguntarse si en estos casi 20 años del DR-CAFTA alguien en República Dominicana, en el sector público y en el privado, se tomó en serio el reto de prepararse para lo que ahora es inminente: la apertura del mercado. Es obvio que poco se hizo desde el estado y desde el sector privado. Pasaron diez y seis años, o sea cuatro administraciones de gobierno, y solo ahora, que el plazo está a punto de cumplirse, se ha vuelto a hablar del asunto. Los errores son costosos.