Oficialmente la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no ha formalizado ninguna solicitud al gobierno dominicano para admitir refugiados haitianos en la República Dominicana.
El gobierno dominicano ha dicho y reafirmado, por todas las vías posibles, que no hay posibilidad de admitir refugiados en nuestro país, sean procedentes de Venezuela, de Haití o de cualquier otro país.
La admisión de refugiados ocurre cuando un país vecino pasa por una calamidad extrema, sea por un desastre natural como un terremoto o un ciclón devastador, o por una guerra civil o étnica, que ponga en peligro la vida de los ciudadanos y que éstos procedan a formalizar la solicitud de refugio, entregando los documentos que son necesarios de acuerdo con los compromisos internacionales firmados por el país potencialmente receptor.
Los ciudadanos haitianos que se encuentran en la República Dominicana podrían solicitar la condición de refugiados, siempre y cuando entiendan que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y para ello tendrían que acudir a la Oficina Nacional para los Refugiados (ONR), que es la entidad a cargo de recibir las solicitudes de la condición de refugiados. A ella deben entregarse todos los documentos posibles que sustenten la solicitud.
¿Cuáles son esos documentos?
Lo primero es que la persona que haga la solicitud tiene que estar presente, físicamente, en la República Dominicana. Y, además de comunicarse con la ONR, debe presentar estos documentos:
- Pasaporte, o documento de identidad nacional. Si no tienen documento, pueden hacer una declaración jurada ante la Oficina Nacional para los Refugiados (ONR);
- Certificado médico, que acredite si el solicitante tiene alguna enfermedad infectocontagiosa;
- Cuatro (4) fotografías tipo pasaporte de frente y dos (2) fotografías de perfil;
- Testimonio escrito, explicando por qué no puede regresar a su país; y
- Cualquier documentación relevante que tenga disponible, y que respalde la solicitud (fotos, certificados, videos, informes, entre otras pruebas del riesgo que corre).
República Dominicana no tiene, y si existe alguna sería excepcional, ninguna solicitud de personas haitianas perseguidas en su país. En Haití hay una situación de violencia, de bandas armadas que secuestran y asesinan, pero no se trata de una persecución selectiva, política, religiosa o racial.
De acuerdo con los documentos firmados por la República Dominicana, una persona en condición de refugiada es aquella que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o de residencia habitual debido a situaciones comprobables de persecución por motivos de su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social. Las personas refugiadas han enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos por situaciones de violencia y conflicto y tienen un temor fundado de regresar a su país.
En los casos de solicitudes de refugio es mucho lo que se ha hablado, especialmente a partir de una declaración de Amnistía Internacional, que ha sido rechazada por organizaciones políticas, por el gobierno, entidades religiosas y otros organismos sociales y académicos.
Amnistía Internacional ha dicho, en una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, que el país debe detener las deportaciones de nacionales haitianos en estos momentos.
Lo que ha hizo fue solicitar el fin a las violaciones de derechos humanos hacia personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas negras en la implementación de políticas migratorias de facto racistas, que se implementan con base en discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.
“El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional. Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traídos consecuencias significativas, afectando a familias, que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria”.
Si se lee con atención, Amnistía Internacional no ha pedido refugio para los haitianos, ni el ACNUR tampoco ha pedido nada igual. El presidente Luis Abinader dijo que funcionarios de los Estados Unidos, sí le solicitaron tal cosa, pero no lo hizo el presidente Biden.
Lo que está pidiendo Amnistía es el cese de las deportaciones de ciudadanos haitianos, que son apresados sin documentación, que trabajan en nuestro país sin regularizar su condición de extranjeros, y que los inspectores de la Dirección General de Migración detienen y envían a su país. El propio gobierno lo ha informado. Cuba hace lo mismo, igual que Jamaica, Trinidad Tobago y las islas del Caribe perteneciente al Caricom, como también lo están haciendo países como Estados Unidos y Canadá.
El caso dominicano se ha hecho más relevante porque tenemos frontera con Haití, porque tenemos muchos ciudadanos haitianos en nuestro territorio, y porque el gobierno ha dicho claramente que no detendrá las deportaciones. Otros gobiernos deportan y no lo informan.
Por tanto, una cosa es la condición para convertirse en refugiado, y de hecho ser refugiado, y otra muy distinta es la condición y el anuncio que hace el gobierno dominicano sobre las personas que devuelve a su país y que son procedentes de Haití.