Un organismo de las Naciones Unidas, el ACNUR, que trabaja con refugiados en todo el mundo, ha solicitado a los países de la región, entre ellos la República Dominicana, no deportar a los haitianos que lleguen a su territorio, dada la situación de violencia e incertidumbre que vive Haití.
“La vida, la seguridad y la libertad de los haitianos están amenazadas por la confluencia de la creciente violencia de las bandas y las violaciones de los derechos humanos”, declaró Elizabeth Tan, jefe de la división de protección internacional de ACNUR, en un comunicado que llegó a las redacciones de los diarios dominicanos en la tarde del miércoles.
Sostuvo que: “Reiteramos también el llamado a todos los Estados a no regresar a la fuerza a las personas a Haití, inclusive las que pidieron asilo y les fue rechazado”.
La República Dominicana es signataria del acuerdo internacional al que hizo alusión el comunicado del ACNUR, firmado en 1951. Ese pacto respalda a personas con condiciones diferentes para ser protegidas por los Estados firmantes: militantes políticos, periodistas, jueces, abogados y otras personas que luchan contra la corrupción y la criminalidad.
La respuesta del gobierno dominicano es que mantendrá las deportaciones de haitianos que entren irregularmente al territorio dominicano, porque en esos casos no se trata de personas perseguidas, sino personas que buscan trabajo y mejores condiciones de vida.
“Como ha dicho el canciller Roberto Álvarez en recientes declaraciones públicas, no ha habido ningún cambio en la política dominicana en cuanto a las deportaciones. Como país tenemos una política establecida que por motivos del interés nacional estamos devolviendo a Haití todas aquellas personas que están ilegal en territorio dominicano, de acuerdo a nuestra legislación”.
Nuestro país tiene acuerdos con el ACNUR, ha firmado documentos de adhesión a políticas de protección a perseguidos políticos, en diferentes países, y normalmente recibe y ofrece protección a algunos de esos ciudadanos.
Algunos voces han pedido al gobierno y al presidente no aceptar refugiados haitianos, porque supuestamente la intención de Estados Unidos y otros socios suyos es establecer campamentos del refugiados en territorio dominicano, y entienden que aceptar esos campamentos sería lesionar la soberanía de la República Dominicana y abrir una puerta riesgosa que luego no habría como cerrarla.
La realidad es que Haití es nuestro vecino, y que representa un riesgo para nuestra seguridad y estabilidad. También es cierto que los migrantes haitianos en el país son los de mayor número, entre varias nacionalidades. La mayor mano de obra extranjera, con mucho por delante, es la haitiana.
Nuestro país no ha acogido un acuerdo de Preclearance que se firmó con los Estados Unidos en 2016, y que contiene un anexo en que se obligaría al país a aceptar refugiados de otros países, en condiciones muy diferentes a los demás convenios multilaterales de los que formamos parte.
Ese Preclearance está en el Tribunal Constitucional, y en caso de ser aceptado, tendría que ser enviado al Congreso Nacional para ser validado. Lo relevante no es propiamente el convenio de prechequeo, sino el anexo, que además fue uno de los motivos por lo que el presidente Luis Abinader no firmó el documento final de la Cumbre de las Américas de 2022, encabezada por el presidente Joe Biden, que se conoce como "Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección”.
El gobierno ha mantenido una posición clara de rechazo a los campos de refugiados, y es posible que en los próximos días y semanas aumente la presión internacional para que, por nuestra cercanía con Haití, seamos el primer país en acoger refugiados haitianos en condiciones de riesgo por la crisis y la violencia que afecta a nuestro vecino.
Es un tema para ser analizado y debate con todas las aristas, porque también somos seres humanos, solidarios, respetuosos de los acuerdos intencionales, y queremos que nuestros vecinos se sostengan con seguridad, y que asuman su propia causa, sin necesidad de ayuda exterior.