Las recientes muertes violentas de David de los Santos, José Gregorio Custodio y Richard Báez, a manos de agentes policiales, ha generado un rechazo generalizado en la sociedad dominicana y el justo reclamo de que se haga justicia.
Un caso anterior, el doble asesinato del matrimonio de Eliza Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, pastores evangélicos, ocurrido el 30 de marzo de 2021, en la autopista Duarte, en Villa Altagracia, también consternó al país. Este hecho dio lugar a la disposición del presidente Luis Abinader para que se agilizara el proyecto de reforma de la Policía Nacional.
Las muertes de personas a manos de agentes policiales, incluso dentro de los cuarteles o destacamentos, constituyen un serio problema para la sociedad dominicana, que data de hace muchos años.
Tras el final de la dictadura trujillista y el advenimiento del gobierno democrático del presidente Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en 1963, se suponía que serían superadas las prácticas de la represión, la persecución y los homicidios cometidos por militares y policías.
Pero ese ensayo democrático apenas duró siete meses, y los gobiernos sucesivos dieron riendas sueltas al autoritarismo y a la violencia desde los cuarteles contra la ciudadanía. Es conocida la historia de los asesinatos políticos cometidos por la dictadura golpista del Triunvirato y por los gobiernos de Joaquín Balaguer, tanto en sus primeros doce años como en los subsiguientes.
Cuando el PRD retoma el poder en 1978, aunque se produjo un respiro con la libertad de los presos políticos y el fin del exilio para cientos de dominicanos, también se produjeron asesinatos de ciudadanos. La policía no fue radicalmente renovada.
La misma práctica continuó durante los gobiernos de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía y de Danilo Medina.
Hay un mal de fondo, que continúa en la actualidad. Es más que evidente que no se ha producido la reforma profunda que requiere la Policía Naciona, una tarea que está en la agenda del presente gobierno. De hecho, es uno de los retos del presidente Luis Abinader, quien ha advertido que habrá consecuencias sobre los últimos casos, y se pronunció este lunes sobre la muerte de David de los Santos, ocurrida en el destacamento policial del ensanche Naco.
Claro que nadie discute el derecho de la sociedad y las familias que han perdido a sus seres queridos a exigir justicia y castigo.
Otra cosa es el uso politiquero y oportunista del problema. Que ahora se pronuncien exgobernantes y exjefes policiales, como si la historia de sus actuaciones desde el Estado se pudiera borrar, es una vergüenza.
En la jefatura del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, fueron muertos más de mil ciudadanos. Y todo se justificaba con el argumento del "intercambio de disparos", o que "la Policia respondió a una agresión".
Sobre el tema, recordamos un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
“Sólo en el plazo de Rafael Guillermo Guzmán Fermín como jefe de la Policía, en 2008, 2009 y 2010, al menos 1,300 ciudadanos fueron asesinados".
No les luce a políticos y exjefes policiales, que en su oportunidad no hicieron nada más que evadir el problema o empeorarlo con su práctica de la violencia y el montaje para mentir y ocultar crímenes, que hoy se quieran presentar como los grandes preocupados y hasta se atrevan a sugerir supuestas soluciones.La demagogia es atrevida.
Adecentar, depurar y profesionalizar la Policía Nacional es un tema serio, y como tal debe de ser abordado por las autoridades. Existe una comisión que tiene a su cargo esta labor, en la que participa como actor fundamental el Ministerio de Interior y Policía. Y todos queremos los mejores resultados.