El Consejo de Seguridad Nacional se reunió este lunes y adoptó una serie de medidas para proteger la seguridad de la frontera y defender la parte de agua que nos corresponde del compartido río Masacre, que recorre varios kilómetros de la frontera dominico-haitiana, en la zona de Dajabón y Montecristi.
Las decisiones son drásticas y reflejan una postura dura del gobierno dominicano frente a los que pretenden, del lado haitiano, utilizar ventajosamente las aguas del Masacre en beneficio de los agricultores haitianos.
Estas son las medidas anunciadas por el Consejo de Seguridad Nacional, y ratificadas ayer en la rueda de prensa de los lunes del presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional:
1.Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso.
2. Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo.
3. Reactivar la Toma de la Aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos.
4. Iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses, con un costo aproximado de 2,700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato.
5. Solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.
No tenemos ninguna duda de que el presidente Abinader es un hombre profundamente patriota y nacionalista, y lo ha demostrado, y que su gobierno defenderá la soberanía nacional si la considera amenazada.
Sin embargo, aparentemente la única amenaza o atentado que impulsa estas decisiones es la construcción de una canal, por particulares, para aprovechar las aguas del masacre para negocios agrícolas. El gobierno haitiano no participa de esta decisión, pero parece no tener el poder para impedirlo. Y más aún, el gobierno haitiano ha dicho que no respalda esas acciones y se opone a la construcción.
Si el gobierno de Luis Abinader es consciente de esta realidad, ¿A quién quiere presionar con el cierre de la frontera y cierre de la emisión de visados hasta nuevo aviso, y además, a quién le otorga un plazo hasta el jueves para que detengan la construcción de un canal de desague del río Masacre?
El presidente Abinader ha dicho que los mercados binacionales de lunes y viernes, a su vez generan otros mercados internos en Haití, en los que mucha gente obtiene los alimentos que necesita. ¿La presión a estas personas es lo que llevará a los políticos constructores del canal a paralizar la obra? No parece.
Los impedimentos de entrada al país de los involucrados en este conflicto es una decisión justa, si se quiere presionar a los empresarios y políticos haitianos, algunos de los cuales tienen negocios que se sustentan en relaciones con los dominicanos. Pero son muchos los dominicanos, incluso empresarios, productores, comerciantes, que ven sus productos perecer, que se troncha su negocio y su modus vivendi, para presionar a unos individuos que no tienen controles ni respetan a sus autoridades, porque son bandidos y desconsiderados. Esas acciones del gobierno dominicano no funcionarán con estos individuos.
Al reactivar la Toma de la Aduana en el río Dajabón, para abastecer de agua a los productores agrícolas dominicanos, el gobierno da por un hecho que la toma de agua de río Masacre, por parte de los haitianos, será exitosa, y les quitará el agua a los productores dominicanos. El propio presidente dijo que si los haitianos no levantan un dique no habría posibilidad de utilizar el agua del Masacre en los campos haitianos, porque están a un nivel por encima del cauce del río. Por tanto no hay lógica entre una cosa y la otra.
Y al anunciar el inicio del diseño y licitación de la Presa Don Miguel, como una solución definitiva a largo plazo, el gobierno está anunciando una decisión unilateral de uso exclusivo de las aguas del Masacre para los dominicanos. Será una inversión solo para aprovechar las aguas para uso agrícola, y no para energía ni otros usufructos. No deja de ser una decisión controversial, del que se siente más fuerte y con más poder para terminar un pleito entre dos vecinos.
Y finalmente, el punto cinco de los aspectos decididos, es llevar el debate a la mesa hídrica binacional. Este debió ser el punto número uno, para resolver la crisis ofreciendo apoyo y otorgando -en la medida de las posibilidades- fuerza moral al débil gobierno de Ariel Henry para que asuma el control de una comunidad que tiene la tasa de empleo más alta de todo Haití, y que está fuertemente conectada con la comunidad dominicana, por la vía del negocio binacional.
No hay manera de evitar plantearse la pregunta nuevamente: ¿A quién quiere enviar su mensaje el gobierno dominicano, al tímido gobierno de Ariel Henry o a las bandas criminales que han sembrado el terror en Haití?