El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su condición de opositor, tiene derecho a disentir de las políticas y decisiones del gobierno, también le asiste el derecho a protestar dentro del marco de la ley.
El PLD, impactado por los sometimientos a la justicia de importantes exfuncionarios y dirigentes de sus filas, sobre todo con el más reciente caso, denominado operación Calamar, ha decidido protestar en los espacios públicos.
No se le debe negar ese derecho, vivimos en democracia, no bajo una dictadura.
Lo que sí debe considerar el PLD es que todo liderazgo conlleva una responsabilidad. Repetir el vandalismo que se llevó a cabo el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, no le generará ninguna ganancia política al principal partido opositor, que tiene en su haber la experiencia de veinte años de gobierno.
Una manifestación contra o a favor de la labor de la Procuraduría General no tiene que desviarse hacia la violencia.
Para este domingo, a las 9 de la mañana, está programada la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción hecha por el Ministerio Público para los imputados en el caso operación Calamar.
Ese mismo día y a la misma hora, afuera de ese edificio público, habrá una manifestación de apoyo a la lucha contra la corrupción que lidera la Procuraduría General de la República.
Se prevé que los miembros y dirigentes del PLD acudan de nuevo a protestar por el apresamiento de sus dirigentes y funcionarios.
Las autoridades deben prevenir cualquier posibilidad de enfrentamiento entre las partes. Pero, sobre todo, es necesario apelar a la prudencia. Una manifestación contra o a favor de la labor de la Procuraduría General no tiene que desviarse hacia la violencia.
Confiamos en la madurez política del liderazgo del PLD y de los activistas cívicos que acudirán el domingo a reiterar su apoyo a la lucha contra la corrupción.