Las autoridades dominicanas dan seguimiento al número de visitantes que recibimos desde El Salvador, porque la cifra ha aumentado en los últimos tiempos y podría ser porque los miembros de bandas criminales, perseguidos por las autoridades salvadoreñas decidan refugiarse en nuestra insularidad caribeña.

Julián Herrera, reportero de Acento, dice en una información que “en abril de 2020, la Policía Nacional detuvo en Bonao, provincia Monseñor Nouel, a Mario Ernesto Peña, líder de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), una de las estructuras criminales más temibles de ese país”.

Un oficial de investigaciones reveló a nuestro reportero que los organismos de inteligencia dan seguimiento a algunos de los visitantes: “Nos mantenemos alertas (DNI), llegan muchos jóvenes en calidad de turistas y se instalan en sectores de clase media de la capital, Santiago y en la región Este. Estamos dando seguimiento a sus actividades en el país”.

Es válida la preocupación. También es positivo que las autoridades de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República hayan realizado un operativo en varios municipios del Cibao persiguiendo a bandas delincuenciales, enfatizando en los grupos que amenazaron a la Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán Brito.

Todas estas investigaciones deben ser profundizadas. Las autoridades deben profundizar en los datos y facilitar los testimonios de los propios sospechosos, para detectar las colindancias entre los grupos criminales y poder atrapar a los que resulten culpables.

Sobre la lucha del gobierno de El Salvador contra las bandas criminales hay que tener la certeza de que es real. Luce una pantalla y una forma de cercar a opositores y ofrecer una imagen distorsionada, de un país que pasó por una guerra civil durante varios años, y que tiene grupos económicos poderosos que se pelean por áreas de negocios importantes de El Salvador, entre los que se encuentra la propia familia del presidente Bukele.

El gobierno salvadoreño ha dicho que ha apresado a 68,294 pandilleros, que les ha incautado 2,718 armas, 3 millones de dólares, 3,614 vehículos y 16,510 celulares. Y estos datos no parecen concordar con la realidad. Lucen más falsos que un zapote vendido en un semáforo en la 27 de Febrero con Abraham Lincoln.

Si nos atenemos a estos datos oficiales, se trataría de la incautación de un arma por cada 25 pandilleros-terroristas, o sea, 24 de cada 25 pandilleros van desarmados (96%); Uno de cada 4 pandillero-terroristas tendría un celular, o sea, habría 3  sin celulares (75%). Y como decomisaron 3 millones de dólares, cada pandillero-terrorista tenía, en promedio, 44 dólares. En resumen, miles de pandilleros-terroristas apresados sin armas y sin dinero, incomunicados y sin hacer resistencia. Y a cambio se establece el Estado de Excepción, ser controlan las cortes, se persigue a los medios de comunicación, y el presidente asume en la práctica todos los poderes. Ausencia total de democracia.

Entre los apresados es posible que haya terroristas, pero serían la excepción, porque lo que ha hecho el gobierno de Bukele es perseguir los movimientos populares, restringir las protestas, y dar paso a delincuentes para que asuman funciones en los aparatos estatales, cosa que no se conoce ni se percibe fuera de El Salvador, sino entre quienes viven la cotidianidad de ese país. La persecución contra el periódico El Faro es un ejemplo de cómo el gobierno ha cercenado la libertad de expresión.

Protejamos la seguridad ciudadana, persigamos el micro tráfico, la violencia delincuencial, incluyendo la que pudiera ocurrir al amparo de ciertos oficiales del Estado, pero jamás restrinjamos las libertades públicas, ni la entrada de turistas, ni desatemos una cacería para abusar de los visitantes que llegan a la República Dominicana.