La intensidad con que ha comenzado la semana nos debe preparar con la energía necesaria para el resto de los días que nos faltan por completar.
El fin de semana el país conoció el documento del Ministerio Público, de más de 300 páginas, de solicitud de medidas de coerción contra siete personas, imputadas por formar una red para sustraer información privada, estafar al Estado, lavar activos procedentes de la corrupción y violar toda la legislación sobre privacidad de la información individual.
La cantidad de información disponible deja atónito a cualquiera, y todo el andamiaje formaba parte de actividades de funcionarios públicos con personas del sector privado, para el chantaje y la extorsión. La denominación que hizo la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) es Operación Camaleón, que tiene el agravante de haber utilizada la identidad del Ministerio de Defensa para traer irregularmente al país tecnología para intercepción de comunicaciones, presumiblemente que sería utilizada por una instancia pública, en INTRANT, con aval del Ministerio de Defensa.
Este lunes, a partir de las 2 de la tarde la Asamblea Nacional, revisora de la Constitución, se reunió para conocer la propuesta de reforma sometida por el Poder Ejecutivo a por lo menos 10 artículos de la Constitución de la República, vigente desde el 2015.
Los asambleístas ejercieron su labor de conocer y votar las propuestas que se les presentaron, y las que in voce hicieron legisladores de organizaciones opositoras.
La Asamblea Revisora, presidida por el senador Ricardo de los Santos de la Provincia Sánchez Ramirez, y presidente del Senado de la República, aprobó siete de 10 artículos sometidos por el Poder Ejecutivo, y seguirá sesionando este martes, para continuar con su labor de reformar la Constitución de la República, poniendo candado a la costumbre de cambiar el tema de la reelección presidencial, estableciendo la independencia del Ministerio Público, separándolo del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo al presidente del Tribunal Constitucional como miembro del Consejo de la Magistratura, unificando las fechas de celebración de las elecciones municipales de las congresuales y presidenciales, y reduciendo el número de diputados a partir de las elecciones de 2032.
Al mismo tiempo que sesionaba la Asamblea Revisora de la Constitución, el Poder Ejecutivo, junto a los ministros y directores del área económica y recaudadora, convocó a los medios de comunicación para presentar en LA Semanal la propuesta de reforma fiscal.
Ya se sabe, el presidente y su equipo están proponiendo una reforma que aumentará los ingresos estatales cada año en 122 mil millones de pesos, un 1.5% del Producto Interno Bruto, pero a la vez están “modernizando el sistema tributario” con medidas que incluyen cambios significativos en la gestión impositiva, reducción y mayor control del gasto público, eliminación de exenciones a diversos sectores, incluyendo al turismo, al cine, a las provincias fronterizas, y fijando lo que el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, ha llamado una equidad en la parte impositiva.
Insistió en que la evasión y alusión fiscal es un crimen contra el país y que las autoridades perseguirán a quienes evaden cumplir con los compromisos de pago de los impuestos, estableciendo lo que él denominó “un sistema de consecuencias”.
Claro, que los sectores que sienten se les terminan los privilegios, las exenciones, los comodines, comenzarán la acostumbrada gestión de búsqueda de opciones para continuar manteniendo un sistema que no ha sido equitativo, y que mantiene las mayores desigualdades de la región, en un país con pocos ricos que ganan mucho, y con muchos pobres que ganan poco y reciben menos del Estado, que es quien debe ofrecer servicios de calidad en salud, educación, transporte seguridad ciudadana, recogida de basura y residuos sólidos y protección del medio ambiente, entre muchos otros.
Este lunes ha sido muy intenso, y ahora comienza la presión, el contornado de intereses, la búsqueda de alianzas, y las gestiones para convencer al gobierno y al congreso de que no se debe hacer lo que el gobierno entiende impostergable para conseguir modernización, justicia distributiva y desarrollo. Veremos hasta dónde llegan estos procesos. Confiamos en que mover los cimientos del sistema político y tributario podría ser un elemento que favorezca a los que nunca se benefician de la actuación de los gestores del Estado.