El aumento de la ciberdelincuencia ha alcanzado niveles sin precedentes a nivel global, lo que constituye uno de los desafíos más importantes para la seguridad los países, tanto en sentido general como en lo concerniente al Estado y su responsabilidad de proteger la integridad del país y de la ciudadanía.
Dada la relevancia de este asunto, el presidente Luis Abinader promulgó el 22 de octubre del presente año el Decreto 612-24, dirigido a hacer más simples y ágiles las estructuras administrativas vinculadas a la ciberseguridad. Al mismo tiempo esta disposición busca mejorar la toma de decisiones sobre este tema desde el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
La reorganización debe generar el impulso necesario a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ya que define un modelo eficiente y moderno para el desarrollo del Estado dominicano en esta materia.
Además, con este decreto se crea la Comisión Técnica Especializada en Ciberseguridad (CTEC), bajo el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el órgano constitucional y consultivo de carácter estratégico del Poder Ejecutivo. El CTEC tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento interinstitucional y simplificar la toma de decisiones gubernamentales sobre ciberseguridad.
La decisión del presidente Abinader también delega a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) la responsabilidad de coordinar el desarrollo de estrategias para la seguridad cibernética, amplía las capacidades del actual Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y crea el primer Instituto Criptográfico Nacional (ICN) de la República Dominicana. El ICN fortalecerá los controles pertinentes a la seguridad de la información reservada y el uso de tecnología segura, y también profundizará los estudios sobre soberanía digital, en colaboración con la comunidad académica y científica del país.
La meta del Decreto 612-24 es colocar a la República Dominicana a la par con los países más avanzados en materia de ciberseguridad, y no sólo en el ámbito estatal, sino que contribuirá al desarrollo del sector privado, académico y científico respecto a esta materia.
El país necesita reforzar la ciberseguridad, además, porque la inteligencia artificial es un elemento completamente nuevo que se adiciona a las posibilidades que tienen los ciberdelincuentes para falsear imágenes, vídeos, audios, y el Estado está en la obligación de prevenir el crecimiento de los delitos digitales, que ya representan un volumen grande de las ocupaciones de las entidades públicas de protección a la ciudadanía.
Un sector que, necesariamente, debe ser incorporado a los trabajos sobre ciberseguridad, es el de las universidades e institutos de estudios superiores. Ya otros países cuentan con protocolos para utilizar de la manera más provechosa la IA, y así poder desarrollar y crear soluciones tecnológicas para todos los ámbitos del saber y de la economía.
Es un reto, un desafío, al cual no puede dar la espalda la República Dominicana.