El tercer boletín del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó a 27 el número de personas fallecidas como consecuencia de la explosión en San Cristóbal la tarde del lunes 14 de agosto.
Otras 59 personas resultaron heridas, con quemaduras y lesiones en diversos grados. Las autoridades determinaron que todas las personas desaparecidas, con excepción de una, fallecieron en la tragedia y sus cadáveres están siendo identificados para entregarlos a sus familiares.
Las edificaciones destruidas son 9 y las que quedaron parcialmente destruidas fueron cuatro. Aún se espera el resultado de la investigación oficial. No se tiene datos sobre la responsabilidad de los negocios que operaban en el lugar, y si lo hacían legal o ilegalmente. El gobierno debe apurar estos resultados.
Ya se dio a conocer que el Ayuntamiento de San Cristóbal había invitado para el martes 15 de agosto, el día siguiente a la tragedia, “al inicio de los trabajos construcción del parqueo que será levantado en los terrenos del antiguo mercado de la calle Padre Ayala”.
Esa actividad iba a contar con la presencia del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniero Deligne Ascensión Burgos y otros funcionarios y personalidades de la provincia. El acto de inicio estaba programado para las 10 de la mañana.
Las autoridades deberán precisar si la responsabilidad es individual de algún comerciante que, ilegalmente, procedió a realizar movimiento de equipos, tanques de combustible o cualquier otro objeto peligroso, previo al inicio oficial de la construcción del parqueo municipal, anunciado para el día siguiente.
También se deberá determinar si hubo negligencia en las autoridades municipales de San Cristóbal. No es pequeña la tragedia, cuando hay por lo menos 27 fallecidos y 59 personas lesionadas.
No es la primera vez que una tragedia como esta impacta y asombra a la sociedad y a las autoridades. En el Distrito Nacional hubo dos tragedias parecidas, y generalmente se detectan las deficiencias de la atención de urgencias cuando situaciones parecidas ocurren.
Cuerpos de bomberos, servicios médicos, agentes policiales y personal voluntario, tienen pocas posibilidades de ofrecer ayuda eficiente y oportuna porque carecen de recursos y porque no están preparadas para brindar apoyo en situaciones de gravedad mayor, como ha sido este caso.
La experiencia debe servir para aplicar correctivos, disponer de recursos, y ponerlos a disposición de autoridades locales.
Hay que repetirlo muchas veces: la prevención cuesta menos, y es menos traumática que la atención a los casos trágicos, además de que conllevan la pérdida de vidas y la destrucción de propiedades.