El expediente MEDUSA es una pieza única, una pieza nunca antes vista en la justicia dominicana ni en la persecución de la corrupción.
Las 12,274 páginas de la pieza acusatoria, con todas las pruebas, documentales, periciales y testimoniales, resultan apabullantes para cualquier tribunal de justicia.
Imaginemos sólo la lectura de la pieza acusatoria. Podría llevarse varios días. Si el expediente contiene 41 personas imputadas y 22 sociedades, el número de abogados con los acusados llenaría cualquier tribunal de justicia del país.
A esto habría que agregar que algunos imputados tienen dos y tres abogados, derecho que no puede ser coartado, lo que aumentaría el tamaño del local para juzgar a las personas imputadas.
Uno sólo de los imputados que faltare, por ejemplo, a una audiencia, retrasaría mucho el proceso. Igual si faltaran abogados defensores. Habría que sumar a varios fiscales para exponer y defender la parte acusatoria.
Los incidentes que generaría este expediente serían muchos. Retrasaría el proceso con todas las garantías procesales.
El tribunal que preside el magistrado Amaury Martínez, tercer juzgado de instrucción, no tiene condiciones para, físicamente, desarrollar este proceso.
Otro dato que podría generar controversia es el de las ausencias en la parte acusatoria. El Ministerio Público decidió excluir del expediente algunas de las personas que protagonizaron los actos de corrupción que se denuncian, como Rafael Canó, a quien ya está solicitando que sea extraditado el principal acusado, Jean Alain Rodríguez,
Estas exclusiones tan amplias generan dudas sobre el curso que podría tener el expediente MEDUSA, y si podría concluir en una primera etapa antes de que el Ministerio Público sufra algún cambio, ya sea porque haya una modificación de la Constitución de la República o porque, previamente, el Poder Ejecutivo decidiera realizar cambios en las designaciones que hizo el 16 de agosto de 2022.
Una pieza acusatoria con tantos testigos, con tantos acusados, podría convertirse en un serio dolor de cabeza para los jueces que sean asignados, en diferentes niveles por los que deberá ir el caso, y representar una dura frustración para la búsqueda de justicia.
Los hechos que se describen en la pieza acusatoria indignan y son generalmente nauseabundos, especialmente por la desfachatez con que actuaron el ex procurador y sus ayudantes. Eso provoca un reclamo de justicia eficiente y pronta, de parte de la sociedad. Pero la misma contundencia y amplitud del documento acusatorio es una traba para que la justicia sea eficiente y pronta.