El fin de semana las autoridades dieron continuidad a la Operación Halcón IV. Nuevamente la ciudad de Santiago es el escenario principal de la persecución contra los líderes del micro-tráfico de estupefacientes, y fueron detenidos por lo menos 47 personas, además de que se ocuparon porciones de sustancias controladas.
Los barrios que siguen siendo escenarios protagónicos de las acciones de interdicción de las autoridades son Ciruelitos, La Ciénaga, Cien Fuegos, Hoya del Caimito, Hoyo de Bartola, Hato Mayor, Don Pedro, El Embrujo, Los Jardines, Satélite, La Gloria, Barrio Nuevo, Los Solares, entre otros.
En la política nacional antidrogas, aprobada en el 2009, se cometió el error de enfatizar la persecución contra el narcotráfico y desestimar cualquier actuación contra el micro-tráfico, porque se entendía controlable y de escasa incidencia. Estados Unidos y Europa estimularon la inversión en la persecución de las drogas con destino a sus países, y hasta hicieron donaciones para que el país reforzara la política de evitar ser puente de tráfico de drogas procedentes de Colombia, México, Perú y Bolivia. Lo que quedaba en la República Dominicana, como bonificación o pago a sus ayudantes, era una porción relativamente pequeña, eso sostenían, y no era necesario hacer un gran esfuerzo para que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la controlara.
No ha sido así. Hemos seguido siendo puente de drogas con destino a América del Norte y Europa, y estamos involucrados con un alto consumo de drogas, que ha hecho crecer el micro-tráfico, para convertirlo en un elemento de violencia, lavado de activos, crímenes, con alta influencia en nuestra juventud y en sectores como la música, la comunicación y con penetración en estamentos de la sociedad, como las clases medias.
Precisamente este lunes se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, ocasión que nos permite reflexionar sobre la labor de las autoridades enfrentando los problemas relacionados con este ilícito y las consecuencias que de esta labor se derivan.
Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas, ha dicho en este contexto que el tráfico ilícito de drogas representa una amenaza para la seguridad y el orden público, y que sigue afectando la salud de las familias y las comunidades, y que debemos buscar respuestas integrales basadas en la prevención y la rehabilitación de las personas, jóvenes y adultos, que han caído en la adicción.
Juan Raddamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, también se ha expresado con una exhortación sobre nuestras políticas frente al consumo de drogas, diciendo:
El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Siguiendo el lema seleccionado para este año, “las personas primero: basta de estigmatización y discriminación, reforcemos la prevención”, las políticas públicas deberían estar enfocadas en “defender a los más vulnerables, incluidos niños, niñas y jóvenes, personas que consumen drogas, personas con trastornos por consumo de drogas y personas que requieren acceso a medicinas controladas”.
Sostiene que no solamente estamos atascados en estos desafíos, sino que estamos retrocediendo. La fecha es propicia para proponer una reflexión sincera de parte de la sociedad en general, pero en especial de nuestras autoridades, responsables directos de las políticas públicas sobre drogas.
“Atascados, porque en nuestro país continua vigente, desde hace 35 años, una ley totalmente desfasada de las actuales perspectivas humanas, y científicas. La ley 50-88, es un instrumento estrictamente represivo, cuando hoy en todos los foros científicos se recomienda no reprimir al usuario de drogas, y dar atención compasiva y de salud a las personas que sufren las adicciones. Pero el llamado liderazgo nacional, en todas las instancias del poder, ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones, que están basadas en la necesidad de proteger la dignidad y los derechos de las personas. La legislación nuestra va más lejos en eso de negarse a “defender a los más vulnerables…”, define como “posesión culposa”, la “tenencia o posesión para uso o consumo propio e inmediato”, a pesar de que antes ha definido la categoría de habituados como “la persona que abusa regularmente de una o varias drogas sin consecuencias sociales u ocupacionales evidentes”. Pero todavía hay más. La mirada ultra prohibicionista que rige la política de drogas en la República Dominicana es tan absurda que se ensaña justo con las personas más vulnerables, como son las adictas a la heroína. En nuestro país, establece la ley 50 -88, la posesión de derivados del opio, “en la cantidad que fuera, se clasificará a la persona o las personas procesadas como traficantes”.
Es el momento para reflexionar sobre lo que hacemos, y para establecer una nueva política nacional de drogas, que incluya una revisión integral de la ley 50-88, así como una definición más moderna del consumidor, como víctima, y no como traficante, al tiempo que se haga énfasis en la persecución del micro-tráfico y todas sus ramificaciones.