La semana que termina fue noticia de impacto nacional que el sacerdote católico Johnny Durán, un agente policial y varios ciudadanos resultaron heridos en la sección Arroyo Vuelta, del municipio Zambrana, de la provincia Sánchez Ramírez, cuyo municipio principal es Cotuí.
El sacerdote y dirigentes comunitarios, además de activistas ambientalistas, han denunciado que los ciudadanos de la mencionada comunidad se negaban a dejar pasar vehículos pesados con equipos de construcción destinados al lugar en donde la empresa Barrick Gold se propone construir una presa de cola para depositar los residuos de la explotación minera.
Es proyecto ya había sido rechazado en la provincia Monte Plata, debido al riesgo ambiental que conlleva, no sólo para la fauna y la flora, sino para los seres humanos.
En el caso de Arroyo Vuelta, como ha explicado el sacerdote Johnny Durán, las familias que viven en esas tierras, de las cuales obtienen su sustento, no se oponen a que los trasladen a otro lugar, pero aspiran a que sus tierras, sus animales, sus viviendas o mejoras, sean valorados de manera justa. Temen que les paguen un monto que no les permita asentarse con lo básico en otra zona.
La solución está en las manos del Estado Dominicano y de la empresa Barrick Gold, que saben que pueden contar con la mediación de los sacerdotes católicos
La represión llevada a cabo por militares y policías, que actuaron como si fueran empleados de la empresa Barrick Gold, y no como servidores públicos del Estado dominicano, ha sido condenada con dureza por la Conferencia del Episcopado Dominicana, integrada por todos los obispos católicos; también por la diócesis de La Vega, a la que pertenece la provincia Sánchez Ramírez. Esto sin mencionar a las organizaciones comunitarias y entidades ecologistas y defensoras de los derechos humanos. El abuso ha generado indignación.
Deben comprender los ejecutivos de la empresa minera y los funcionarios del Gobierno Dominicano que el desarraigo de familias que han vivido en una comunidad durante varias generaciones no es tan simple como pagarles algún dinero y abandonarlas a su suerte.
Incluso, si la empresa y el Estado asumen el costo del traslado de esas familias, primero se debe acordar hacia dónde serían llevadas, cómo se asentarían, y crear las condiciones para un verdadero hábitat, no un almacén de seres humanos.
La historia ha enseñado que muchos traslados de familias, sacándolas de zonas que se consideran peligrosas para llevarlas a nuevos lugares, no siempre resultan tan positivos. Esto porque un hábitat conlleva que, además de viviendas, las personas tengan acceso a servicios (electricidad, agua potable, calles o caminos adecuados, escuelas, centros de salud). También, que los trasladados puedan trabajar y generar los ingresos necesarios. Por ejemplo: Si las familias viven de la agricultura, no podrían sobrevivir si, además de vivienda, no se les dota de un terreno para sembrar y criar sus animales.
Crear un verdadero hábitat, no un caserío, debe ser la condición fundamental para el traslado de las familias de Arroyo Vuelta. Como han establecido, estos ciudadanos dominicanos no se oponen a que se les traslade para que la Barrick Gold construya la presa de cola, pero necesitan garantías de un pago justo por sus predios y mejoras, y contar con un lugar en que puedan vivir en paz y poder producir.
La solución está en las manos del Estado Dominicano y de la empresa Barrick Gold, que saben que pueden contar con la mediación de los sacerdotes católicos y las organizaciones comunitarias y ecologistas.
Hacer las cosas bien, con justicia, ahorra problemas y conviene a todos.