El presidente Luis Abinader luce decidido a lograr que el Congreso Nacional apoye la iniciativa que desde hace ocho meses le entregó el gobierno: Analizar, evaluar y consensuar el apoyo de los congresistas a su proyecto de ley de regularización de los fideicomisos públicos.
No podemos olvidar que desde el 2011 el Estado dominicano cuenta con una ley que regula los fideicomisos privados. Se trata de la ley La 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, que crea un marco legal unificado para impulsar el desarrollo del mercado hipotecario y de valores de la República Dominicana, igualmente incorpora la figura del fideicomiso, en aras de complementar la legislación financiera dominicana.
Muy diferente es lo que propone el gobierno en su proyecto: Regular los fideicomisos públicos, para administrar propiedades y bienes públicos sin la posibilidad de ser enajenados o sometidos al pillaje tradicional que se produce con bienes públicos, administrados por el Estado sin más norma que las establecidas de forma general.
El presidente Luis Abinader ha puesto su atención, al inicio del año, en la aprobación de la propuesta que lleva ocho meses en manos de los congresistas, y que en las últimas semanas ha sido atacada de forma desconsiderada por los partidos opositores, especialmente el de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo.
El presidente Abinader dijo mucho sobre su propuesta en una reunión este viernes: Que luego de aprobar la pieza en las comisiones por las que pasó en el Congreso, los partidos han decidido echar atrás su aprobación, en procura de torpedear el fideicomiso Pro-Pedernales y el fideicomiso de mejoramiento del transporte público masivo, que incluye un tren entre Santo Domingo y Punta Caucedo.
El presidente quiere aprobar la ley de fideicomiso público, y en caso de que tenga que extender la presente legislatura por un mes más, lo hará, para que los legisladores avancen en su aprobación.
El presidente y su gobierno quieren establecer un fideicomiso para le proyecto de desarrollo turístico en Cabo Rojo, Pedernales, otro para la administración eficiente de la planta de generación eléctrica a carbón Punta Catalina, otro para el mejoramiento del transporte masivo, y otros para mejorar la eficiencia del Estado en la conservación y productividad de bienes y empresas estatales, sin que las mismas sean parte del despilfarro de los partidos.
No hay ninguna legislación que establezca el fideicomiso público. Una cosa es proteger esos bienes son regulación y otra es hacerlo con un marco jurídico. Se trata de inversión pública con un marco jurídico que asegure su permanencia y su crecimiento como patrimonio estatal, sin que en el camino los políticos y compañeritos lo destruyan.
Los fideicomisos públicos pasan por el rigor de supervisión de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la de Valores, la supervisión de la Dirección de Compras y Contrataciones y por la veeduría social y del Congreso Nacional.
No se está enajenando ningún bien público, ni se está poniendo en riesgo su calidad y capacidad. Se está asegurando la idoneidad de la administración de los bienes públicos, su permanencia en el tiempo y el rigor de su administración.
El presidente habló este viernes sobre el fideicomiso público Pro-Pedernales, de Cabo Rojo, que generará 30 mil empleos, tendrá una inversión de 2,600 millones de dólares, no incluirá Bahía de las Aguilas, y asegurará el desarrollo turístico de la región más empobrecida de la República Dominicana.
Lo dicho por el presidente Abinader indica que en el gobierno pasado se aprobaron 7 fideicomisos, sin transparencia ni regulación alguna, y ahora que se quieren aprobar otros fideicomisos los dirigentes del partido que gobernó están poniendo todos los obstáculos, pese a que ahora se está estableciendo más transparencia, más rigor, mayor seguridad y más disciplina en la protección de los bienes públicos.
Contamos con la confianza en que estas ideas, en procura de la institucionalidad y el bienestar del pueblo dominicano, sean aprobadas con las explicaciones que está aportando el presidente de la República y su gobierno.