Los funcionarios que acompañaron al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en la pasada administración perdieron los estribos junto con el responsable principal de dirigir la política criminal del Estado.
La lectura de las primeras 800 páginas de un expediente de 12,274, deja perplejo a cualquiera. La lista de irregularidades, las tramas que se hacían y la forma en que se ejecutaban, la desfachatez en las actuaciones, reflejan con mucha claridad que no tenían sentido de consecuencias y que no habría indagación ni sanción para los delitos cometidos, que incluyeron la trituración de miles de documentos, para que las nuevas autoridades encontraran “limpios” los espacios al asumir las funciones.
No es posible que un profesional, un abogado, una persona con criterio sobre cómo se actúa desde el sector privado con la administración de los recursos, haya llegado a la conclusión de que en el gobierno era posible delinquir sin consecuencias, asociarse con terceros para utilizar el dinero a sus anchas, sin rendir cuentas, o simulando que las cosas se hacían de acuerdo al procedimiento. Por lo menos debieron recordar que la Cámara de Cuentas realiza auditorías a las instituciones estatales. No busca corrupción, pero sí determina cuando hay incoherencias en el manejo de los presupuestos.
Es que en la procuraduría general de la República de Jean Alain Rodríguez hubo de todo.
La contundencia del documento es de antología. Las pruebas periciales y testimoniales son de tanta solvencia que resultará poco probable a los abogados defensores realizar su trabajo, por más inteligentes que sean.
Transcribimos a continuación algunas de las afirmaciones del Ministerio Público en su documento acusatorio contra Jean Alain Rodríguez y demás coimputados:
República Digital sirve para que el acusado Jean Alain Rodríguez y el entonces presidente de la República Danilo Medina Sánchez, en lo que las evidencias demuestran un errado ejercicio de ponderación de los requisitos mínimos para el puesto, designa al acusado Jean Alain Rodríguez como Procurador General de la República, siendo esta designación, causa determinante para este entramado criminal sin precedente en la República Dominicana ni el mundo, nunca antes un Ministro de Justicia o Procurador General había sido tan exitoso como criminal político y había convertido la Procuraduría General de la República en su bunker criminal, utilizando la plataforma institucional, las facultades que le da la ley a su funciones y el patrimonio público como sus herramientas para el crimen y la política con financiamiento ilícito. (Página 713, de 12,274 páginas).
Y sigue diciendo:
Con la llegada del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, a la Procuraduría General de la República, la estructura política deja de ser República Digital y vuelve a su origen, es decir, regresa a ser Movimiento Renovación, el acusado se concentra entonces en formal una estructura política a una escala mucho mayor y diseña una estrategia en la que la vestimenta, discurso, reuniones, visitas, proyectos, se hace con fines exclusivamente políticos. (Página 714).
Y continúa:
Entre 2016 y 2019, el acusado Jean Alain Rodríguez, diseña una estrategia institucional en el que todo se concentra en su figura, centraliza toda la política de comunicación de la institución, paga decenas de asesores, cientos de millones del presupuesto de la institución para promover su figura política, utiliza la nómina institucional para designar y captar partidario de su candidatura en todo el país.
Establece una costosa política de comunicación que concentra en la figura del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, todas las informaciones relevantes de la institución, dispone que todos los proyectos y casos relevantes tienen que ser anunciado con su imagen aunque nunca se haya dignado ni siquiera a preguntar, diseñar ni mucho menos trabajar en la estrategia del caso, pero trazó una línea de obligatoriedad y una ley mordaza que solo veía un levantamiento previo a una autorización que debía dar el acusado a través del Departamento de comunicación, siempre que el miembro de la institución que fuera expresarse garantizara una retórica de reconocimiento a la gestión que falsamente se anunciaba de ser sin precedente y como mandaba la ley, pero nada más falso y alejado de la realidad, pero toda esta campaña propagandista era financiada con recursos de la institución, mientras muchas de las instalaciones se caían a pedazos, gran parte del personal técnico y administrativo tenía salario de miseria, la campaña política del acusado Jean Alain Rodríguez se jactaba que desde su asesores nacionales e internacionales, vestimentas costosas del acusado, equipos técnicos de última generación, costosos estudios de mercados y encuestas políticas cuyo pagos salían del presupuesto institucional. disposición y total libertad de uso ya que, desde el Poder Ejecutivo, en la persona del entonces presidente Danilo Medina Sánchez, todas estas acciones eran conocidas, permitidas y en algunos casos aupadas con acciones como permitir que la Procuraduría General de la República se embarcara en la Construcción del Plan de Humaniza con del Sistema Penitenciario, sin tener planificación, pericia ni capacidad instalada para su ejecución. en una clara manifestación criminal en contra del patrimonio público ya que dinero producto del soborno que se recibía, el desfalco, la estafa y la coalición de funcionarios y lavado de activos obtenidos en la ejecución de este plan fueron utilizados para enriquecimiento del entramado criminal y para la fallida carrera a la presidencia del acusado Jean Alain Rodríguez.
Es lo que ha contado el Ministerio Público. Los jueces tendrán que confirmar la acusación o rechazarla. Un caso como este resulta más que desconcertante, explosivo, deslumbrante y no hay posibles respuestas a la pregunta ¿cómo pudo ocurrir algo así, en un gobierno con Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, Dirección General de Compras y Contrataciones, y con un presidente de la República que tiene en sus manos los recursos de inteligencia para conocer qué ocurre en cada entidad del Estado.