Emmanuel Rivera Ledesma aparece como el cabecilla de una red de estafadores que, bajo el pretexto de vender apartamentos futuristas, recaudaba dinero entre ciudadanos dominicanos, en el país y en el exterior, y desaparecía con el dinero, dejando en la orfandad a los desprevenidos inversionistas, que lo daban todo para tener casa propia en nueve proyectos inmobiliarios que les eran presentados.
El sujeto guarda prisión, junto a otros miembros de la banda que fueron apresados por el Ministerio Público, y que deberán rendir cuentas por sus acciones ilegales, y por robar los sueños de cientos de trabajadores, y convertirlos en verdaderas pesadillas.
El Ministerio Público estima que el monto involucrado hasta ahora, y reunido en 144 denuncias, supera los 700 millones de pesos. Entre los involucrados se encuentran familiares del principal imputado y otros, posiblemente empleados, además de sociedades que enmascaraban el fraude. Están en la red mafiosa Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional deberá tomar decisión sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público, en un expediente de más de 400 páginas y con más de 200 pruebas. El Ministerio Público sostiene que “el presente caso se trata de una estafa fraudulenta a personas que viven en el territorio nacional y otras en el extranjero”.
Este caso debe servir para cortar la cadena que hemos tenido en los últimos tiempos con estafas inmobiliarias y de cadenas de ahorros fraudulentas, fuera del esquema legal, lo que aprovechan los estafadores para cometer sus acciones y tratar de conseguir impunidad.
El MP ha dicho que la estafa no es solamente económica, que hay muchas de las Personas dañas que sufren enfermedades y limitaciones, y que hay serios casos de personas afectadas psicológicamente. “Entendemos que los hechos son graves, que la afectación no es solamente económica, sino también en el plano psicológico, emocional, familiar, hasta laboral incluso, de muchas de estas víctimas”.
El fraude se cometió utilizando la falsificación y la simulación, y sus organizadores crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
Tal vez sea necesario que las autoridades, por vía de la Superintendencia de Bancos, el Banco Agrícola, el Banco Nacional de la Vivienda o el Ministerio de Viviendas, pongan en marcha alguna campaña de orientación a los aspirantes a adquirir viviendas, sean estatales o privadas, explicando cómo orientarse correctamente para evitar caer en este tipo de esquema fraudulento.
Decirles que no inviertan un centavo, ni entreguen dinero a ningún supuesto desarrollador o constructor de viviendas sin comprobar la realidad y calidad de sus proyectos, sin verificar los lugares donde se construirían las viviendas, sin verificar la existencia de títulos de propiedad sobre los terrenos, o sin orientarse con la historia de construcciones levantadas por el oferente. Y por supuesto, sin la firma de un contrato, con representación legal de parte del cliente. En este sentido hay mucho por hacer en el país.
La justicia tiene la obligación de tomar medidas rigurosas contra esquemas parecidos a este, y que se expropien las propiedades y cualquier bien en poder de los condenados, para que sean destinados a resarcir los daños causados y los fondos entregados por las víctimas.