El derecho a la protesta puede ser reivindicado por el Partido de la Liberación Dominicana, pero jamás ese derecho ha sido invocado para agredir a las autoridades, romper puertas y ventanas o crear el caos en el entorno del palacio de Justicia de la Ciudad Colonial, como ha ocurrido en por lo menos dos ocasiones, cuando se ha intentado conocer medidas de coerción contra las personas imputadas por el Ministerio Público como asociación de malhechores, responsables de cohechos e infracciones como el lavado de activo o el enriquecimiento ilícito.

Simpatizantes de Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas y pasado candidato presidencial del PLD, lo han reivindicado como un preso político. Ahora Danilo Medina, ex presidente de la República, también identifica supuestas intenciones del gobierno y del Ministerio Público para destruir al PLD.

Los fiscales y el MP están haciendo lo que les corresponde, al identificar con santo y seña cada acción ilegal cometida por una red de desfalcados del Estado durante la pasada administración gubernamental. Incluyendo a los ministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia, Obras Públicas, y a los directores de Bienes Nacionales y de la Contraloría General de la República.

Los militantes del PLD, que por cierto no son muchos los que han participado en estas acciones violentas, debían esperar a que el tribunal responsable de evaluar las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público decida positiva o negativamente a la solicitud. Se entiende, como ha escrito Gonzalo Castillo, que él y los militantes del PLD confían en la justicia, una de las entidades que ellos más penetraron y controlaron, hasta el punto de decidir quién iba y quién no en los expedientes de Odebrecht y los Tucano, por ejemplo.

Fue en el gobierno de Danilo Medina cuando fueron apresados, en sus casas en horas de la madrugada del 29 de mayo de 2017, los señores Andrés Bautista García, Alfredo Pacheco Osoria, (luego incluido Jesús Vásquez), César Sánchez, Máximo De Óleo, Roberto Rodríguez Hernández, Ruddy González, Ángel Rondón Rijo, Temístocles Montas, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga,  Radhamés Segura, Bernardo Castellanos de Moya, Julio César Valentín, y Tommy Alberto Galán.

El principal partido afectado por aquellos apresamientos del MP no salió a las calles a protestar ni a denunciar que el PLD o el gobierno quería destruir ese partido. Entre los apresados estaban el presidente del PRM, su secretario general y una figura muy relevante, como Alfredo Pacheco.

Hoy el Ministerio Público no actúa por razones políticas o partidarias, como era en el pasado reciente. Las decisiones del MP están alejadas de las órdenes del Palacio Nacional. No hay ni ha habido evidencia de que el gobierno o el Palacio Nacional esté involucrado en una acción como la que ha concluido con las solicitudes de medidas de coerción contra los imputados. Esta ha sido una investigación larga, profunda, realizada con paciencia y sin aspavientos. Uno de los incluidos en el expediente tenía infiltrado al MP sobre el tema, y en su residencia le fue encontrada una copia del expediente.

El expediente que se conoce hasta este momento, que tiene más de 2 mil páginas, es muy contundente en la presentación de pruebas. Incluso, los testimonios o pruebas testimoniales indica que los socios de los imputados en sus actuaciones son los que los señalan, comenzando por Francisco Pagán, ex director de OISOE, y quien recibió fuertes sumas de dinero por la vía que el expediente describe y que el  MP no contabilizó cuando recibió su testimonio. También ha ofrecido pruebas testimoniales uno de los que entregaba los fondos en efectivo y en transferencias, Ramón Emilio Jiménez Collie, y han ofrecido testimonio Fernando Crisóstomo, con responsabilidad en la orquestación de la red, así como Bolivar Ventura y José Arturo Ureña. En los careos que ha realizado el Ministerio Público con los imputados hay elementos que son incuestionables, y que se han convertido en documentos que se serán conocidos en el juicio de fondo del proceso.

El PLD resulta, en este caso, fuertemente vinculado como partido en acciones de lavado de activos y uso irregular de dinero sucio, como parte de su última campaña electoral. Una parte de los 19 mil millones involucrados en esta acción fraudulenta fue a parar a las manos de los responsables de campaña electoral de ese partido. ¿Son procesables las entidades políticas?

Danilo Medina, con su petición en 2019 de salir a buscar dinero para ganar la contienda interna del PLD -colocar a Gonzalo como candidato presidencial y hundir a Leonel Fernández, presidente del PLD- fue quien dio origen a las acciones del grupo. Que a estos señores se les fuera la mano y todo el cuerpo inventando fórmulas para robar el dinero público es otra cosa. En el expediente se habla con mucha claridad del dinero que iba a las manos de la oficina del Palacio, y se menciona otro dinero que era entregado en una casa en Bella Vista. Cabe preguntar ¿Para quién o quiénes era el dinero que iba a Bella Vista? ¿Cuánto fue el monto que llegó hasta la casa de Bella Vista? ¿Hay alguien receptor de fondos de esta trama y que el Ministerio Público lo haya excluido?

Resulta muy extraño escuchar ahora a gentes del PLD coreando la consigna de la izquierda de los años setentas (“Policía Nacional una banda criminal”), cuando ellos dirigieron el gobierno y esa PN en los últimos 20 años. Este caso, con el expediente Calamar, es una eficiente demostración de las razones por las que los gobiernos del PLD nunca quisieron, ni tampoco quieren, un Ministerio Público independiente. Y ahora, con vehemencia pero sin razón, aducen el tema político, de la supuesta intención del gobierno de destruir el PLD, cuando todo el mundo sabe que ese partido es el más organizado de los que existen en la República Dominicana, y en vez de salir a protestar debe invitar a su militancia a una profunda y sincera reflexión sobre los motivos que le han llevado a ser una entidad profundamente mercantilizada, con dirigentes que se sólo se mueven cuando hay "logística", como ya dijo Danilo Medina.