El informe de 37 páginas dado a conocer este martes sobre el Estado de los Derechos Humanos en la República Dominicana en 2021, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos es crítico, pero deja muchas ventanas abiertas para considerar al gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno.
La sección 4 del informe, que trata sobre la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno, reconoce la lucha emprendida por el Ministerio Público contra los actos de corrupción cometidos en la pasada y en la presente administración. Se cuidan los autores del informe de asumir las quisquillas políticas que han sido sazonadas por los críticos del Ministerio Público. Aunque en el componente relacionado con la prisión preventiva son muchas las argumentaciones que se hacen en este documento por la extensión de los procesos, que además son legales, de hasta 18 meses de prisión preventiva mientras se investiga un caso.
En estos tiempos esos informes no necesariamente tienen relevancia. Además, es un informe unilateral al que pocos atienden, porque Estados Unidos se ocupa de sacar críticas por esa vía contra sus adversarios políticos, como lo acaba de hacer contra Rusia y contra la República Popular China, sobre los que está diciendo horrores por las violaciones a los derechos humanos en general, y por las limitaciones al libre tránsito, libertad de expresión, control de los contenidos de Internet, ejecuciones ilegales de ciudadanos, apresamientos abusivos, corrupción en los instrumentos de justicia y fallos truculentos en los procesos electorales.
Esto dice el informe de los Estados Unidos sobre la corrupción, un tema relevante y que genera siempre muchas suspicacias:
La ley prevé sanciones penales para la corrupción de funcionarios, y en un cambio con respecto a años anteriores señalado por los observadores independientes, el gobierno en general aplicó la ley con eficacia. La Procuraduría General de la República investigó a los funcionarios presuntamente corruptos.
Los representantes de las ONG dijeron que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas era tradicionalmente la falta de voluntad política para procesar a los individuos acusados de corrupción, particularmente a los individuos bien conectados o a los políticos de alto nivel. Sin embargo, durante el mandato del presidente Abinader, la Procuraduría General de la República inició una serie de casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, en su mayoría de la administración anterior, pero también miembros de la administración actual. No obstante, la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave.
Corrupción: La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) detuvo el 15 de junio al entonces director de la lotería nacional, Luis Maisichell Dicent, a raíz de las acusaciones de que Dicent orquestó un importante fraude por valor de más de 150 millones de pesos (2,5 millones de dólares). El 29 de junio, la PEPCA detuvo al ex procurador general Jean Alain Rodríguez y a otras siete personas por cargos de fraude, corrupción pública y lavado de activos relacionados con la construcción del centro penitenciario de La Nueva Victoria. En septiembre, la PEPCA realizó varias detenciones relacionadas con una trama de tráfico de drogas y lavado de activos en la que estaban implicados un funcionario actual y tres congresistas, uno de ellos del partido gobernante. En noviembre, la PEPCA lanzó otra operación que implicaba a mandos militares activos. En particular, las autoridades detuvieron a Juan Carlos Torres Robiou, general de la Fuerza Aérea y ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística bajo la actual administración. A finales de año, todos estos casos estaban siendo investigados, y muchos de los acusados se encontraban en prisión preventiva.
Las ONG y los ciudadanos particulares denunciaron periódicamente actos de corrupción por parte de diversos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como la policía, los funcionarios de inmigración y los funcionarios de prisiones. En ocasiones, el gobierno recurrió a castigos no judiciales por corrupción, como el despido o el traslado de militares, policías, jueces y funcionarios menores.
El otro aspecto en que los norteamericanos ponen especial atención es el de los derechos de los migrantes, el trato recibido por los que son apresados y deportados, y se enfocan en la apatridia generada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Enfocan la presencia de los venezolanos migrantes en el país, y el de los haitianos migrantes. Concluyen el tema con este párrafo:
Las personas nacidas en la República Dominicana sin ciudadanía ni documentos de identidad se enfrentaban a obstáculos para viajar tanto dentro como fuera del país. A partir de 2015, las autoridades intentaron deportar a algunas de estas personas, pero la intervención de los organismos de la ONU lo impidió. Los apátridas no tienen acceso a la participación electoral, a los empleos del sector formal, al registro de matrimonio, al registro de nacimiento, a los préstamos formales, a los procedimientos judiciales, a los programas estatales de protección social ni a la propiedad. Su acceso a la educación pública primaria y a la atención sanitaria es limitado. Además, los que pueden recibir una educación no reciben un reconocimiento oficial, como un certificado, por haber completado los estudios.
Son temas para la atención del gobierno y de la sociedad dominicana. Con la tragedia de Ucrania, y la desaparición del mundo unipolar, como ahora plantea Vladimir Putin, este tipo de documento pierde vigencia. Eso no quita que los temas que proponga tengan importancia para ser observado con atención por los países sujetos de estos informes.