El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), que cuenta con una lista de 26 partidos y movimientos políticos afiliados, casi la totalidad de los partidos formalmente constituidos y registrados, ha solicitado a la Junta Central Electoral (JCE) un aumento de los recursos económicos que reciben del presupuesto nacional.
Recordemos que los partidos reciben en años no electorales el 0.25 por ciento de los dineros del presupuesto nacional. En los años electorales ese porcentaje se eleva al 0.50 por ciento.
En el año 2021, por solo recordar un ejemplo, los partidos recibieron de los bolsillos de los contribuyentes la suma mil 260 millones 400 mil pesos (RD$ 1,260, 400, 000.00).
Los políticos, con honorables excepciones, son insaciables cuando de dinero se trata. Un ejemplo claro es lo ocurrido con el PLD a raíz de que su líder ordenara a importantes cuadros y funcionarios que buscaran dinero para las elecciones primarias de 2019 y las generales de 2020. El caso Calamar lo explica todo.
Aunque la reciente petición de aumento de recursos fue hecha en nombre del Fopppredom, no todos los partidos acudieron a la JCE a respaldar la solicitud. Según la información oficial estuvieron los representantes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Reformista Social Cristiano (PRSC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Revolucionario Dominicano (PRD), Revolucionario Independiente (PRI) y Bloque Institucional Social Demócrata (BIS).
Para la ciudadanía, que con el esfuerzo de su trabajo productivo paga impuestos que deben de servir para que el estado atienda las demandas de servicios de la colectividad, resulta inaceptable que los partidos políticos se hayan convertido en entidades parásitas a costa del dinero de la gente.
Más que atender a esta exigencia de los partidos, lo que la sociedad dominicana necesita es que se reforme la Ley de Régimen Electoral, que hace que los contribuyentes se sacrifiquen para favorecer a los dirigentes de los partidos.
En otras palabras, esa ley obliga a las personas que trabajan a mantener a los políticos por una labor que nada tiene que ver con el interés de la colectividad.
No se toma en consideración que hay ciudadanos hastiados de la política y de los partidos, que han dejado de creer en los políticos o, con todo derecho, deciden abstenerse de participar en las elecciones. Y la dichosa ley los obliga a subsidiar a los partidos.
Si valerse del dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes para ejercer la labor política no es un privilegio irritante, entonces nada lo es.