La resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo sobre el trabajo doméstico fue un acto de justicia de la presente administración, adoptada en el 2022 por el ministro Luis Miguel Decamps, y consensuada por varias instancias estatales.
Lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue adoptar decisiones para evitar el trabajo esclavo y el abuso con un sector de la sociedad que nunca antes había tenido la defensa de ninguna instancia oficial.
Las resoluciones 11 y 14 2022 establecieron normas para el contrato de trabajo, horario, tiempo de descanso, vacaciones, y otras compensaciones para el trabajo doméstico. Ese fue un acto de justicia, que dos abogados de apellidos Vilchez Bournigal objetaron, alegando que no era competencia del ministerio sino del Congreso Nacional.
El Tribunal Constitucional emitió una sentencia anulando la resolución 14-2022 y dejando sin protección a miles de trabajadoras y trabajadores domésticos, cuando ese organismo oficial debía ser un garante de protección de los derechos de los ciudadanos, y en este caso derechos que siempre les fueron negados a quienes se dedican al esclavizado trabajo doméstico.
El argumento es que el procedimiento escogido para la aprobación de la medida estuvo equivocado, porque el ministerio responsable del manejo de las relaciones laborales no tiene la capacidad ni la autoridad para establecer una norma, sino el Congreso Nacional.
Se intenta ser legalistas, se quiere ser respetuoso del procedimiento, pero en el fondo la verdad pura y dura es que los miembros del Tribunal Constitucional son enemigos de los derechos que el ministerio de Trabajo estableció para el trabajo doméstico. Una pena que este país tenga tantas trabas para garantizar los derechos de las personas más desfavorecidas y esclavizadas. Una forma vergonzosa y lamentable del constitucionalista de nuevo cuño, rabiosamente nacionalista y atrasado, hacerse sentir nuevamente contra los derechos de seres humanos que demandan y necesitan el respeto de su dignidad.