En las gradas de la ultraderecha dominicana hay emoción con los temas de su interés, y parecieran haber llegado a controlar los resortes del poder y de la política para seguir imponiendo sus criterios sobre la totalidad de los dominicanos. Incluso, al margen del gobierno del presidente Luis Abinader, o con su consentimiento.
Por lo pronto está frenado el Código Penal Dominicano actualizado, y el criterio mayoritario de los legisladores, con asesoría externa, es que las tres causales resultan imposibles de aprobar, pese a la posición mayoritaria de la sociedad, y muy a pesar de que el presidente Luis Abinader ha dicho que es partidario de las tres causales. No hay política posible para enfrentar los embarazos en adolescentes ni para enfrentar la mortalidad materna, especialmente en los partos de altos riesgos, por la edad de las parturientas.
La educación sexual integral en las escuelas se mantiene prohibida, y las políticas de equidad de género aprobadas en el pasado en el Ministerio de Educación han sido abolidas, porque la cuestión de la equidad de género hay que suponerla y no aprobarla como política de Estado, de acuerdo con el ministro de Educación, Ángel Hernández.
El presidente Luis Abinader decidió, contrario a todos los anteriores presidentes que se negaron a escuchar las voces que lo pedían, construir un muro en la frontera con Haití. Ese muro -le dicen valla- se inició y el Estado está invirtiendo cientos de millones de pesos en levantarlo para eliminar el contrabando, el tráfico de productos, de personas, de drogas, de armas. Todo tráfico puede enfrentarse con políticas menos costosas y no levantando murallas físicas, como si viviéramos en el siglo XII, en especial con las nuevas tecnologías que existen y con los recursos limitados con que cuenta el Estado Dominicano.
Hay fiesta entre los ultraderechistas, que aspiran al muro en la frontera como una forma de cortar la isla en dos pedazos, para evitar el tráfico de personas, especialmente del lazo occidental hacia el lado oriental. Conjuntamente con el muro, el gobierno ha decidido colocar a lo largo de los casi 390 kilómetros de frontera, a más de 11 mil militares dominicanos. Todo el mundo sabe que no es la forma de controlar el tráfico humano y de mercancías, pero parece satisfacer algunos egos y creencias, y hasta el propio presidente ha llegado a creer que la vulnerabilidad económica, social y política de Haití puede tener un muro de contención en una muralla física.
Hay quienes han comenzado a hablar de la expulsión de todos los haitianos sin documentos en la República Dominicana. Y con ello aceleran el ataque al gobierno del presidente Abinader. Creen que eso podría crear una crisis mayor que la que ha enfrentado esta administración. Abinader y su equipo han dicho que no hay solución dominicana a la crisis haitiana. Y no la habrá. El gobierno ha pedido y sigue pidiendo a la comunidad internacional apoyo para establecer seguridad en el lado haitiano.
Los haitianos siguen migrando hacia este lado de la frontera. Aquí obtienen trabajo, tienen seguridad, alimentos, educación, y envían remesas. Y hay hospitales para que sus mujeres den a luz. También hay tráfico para parturientas haitianas.
Expulsar a los migrantes haitianos es dañar sectores de la economía como la agroindustria, la construcción, las zonas francas, los servicios domésticos y de seguridad de los grupos de clase media. Incluso algunas exportaciones no serían posible sin esa mano de obra. Es un nuevo entusiasmo desbordado de la derecha. Su deseo de prosperidad se centra en expulsar a los haitianos, con documentos o sin ellos, del territorio nacional.
El gobierno está obligado a mejorar la calidad del servicio en la frontera. Tiene el compromiso de establecer un mayor control migratorio. Reducir la corrupción intrafronteriza. Hacer más eficiente el mercado binacional. Una posibilidad que tienen las autoridades es regularizar con más eficacia -no con las deportaciones que hace la Dirección General de Migración- la contratación de mano de obra extranjera. Dotar de carnets y permisos de trabajo a esas personas, y establecer un registro en donde quede claramente establecida la empresa contratista, y su responsabilidad con esa mano de obra.
Tratar de hacer una especie de tabula rasa con la cuestión migratoria es cerrar los ojos ante la realidad de un mundo dependiente e interdependiente, en que todos los países envían y reciben migrantes, bajo diferentes condiciones y necesidades, y esa fuerza laboral y cultural realiza una labor de reforzamiento y apoyo a los gobiernos y sociedades de donde salieron. La propia República Dominicana tiene una mano de obra migrante que aporta cada año al país aproximadamente 11 mil millones de dólares. La mano de obra extranjera aporta a nuestro producto interno bruto aproximadamente un 12 por ciento del PIB anual. Y establecer una línea que arrase con los patrones que se han establecido durante tantos años, más que una crueldad, que es lo que desean algunos, es un atentado contra la economía y contra la estabilidad socio económica de la República Dominicana. Aparte de las consecuencias jurídicas, políticas y en nuestras relaciones internacionales que ese desatino desataría contra nuestro país.
Los sectores democráticos, incluyendo a los socialdemócratas del partido de gobierno, están en el deber de recordar a José Francisco Peña Gómez y sacar la cara por las políticas democráticas, y devolver a su lugar minoritario a los grupos de la ultraderecha, que tan envalentonados están en este gobierno.