Pese a la política de transparencia y combate a la corrupción, la presente gestión de gobierno ha tenido que enfrentar los intentos y los hechos de funcionarios públicos que han querido pasarse de listos.
Nos referimos a los funcionarios y otros servidores del Estado que han violado las normas de ética y de integridad gubernamental o lo han intentado.
De hecho, el presidente Luis Abinader se ha visto precisado a destituir a por lo menos a 28 servidores de su gobierno.
Es tradicional que durante las campañas electorales aparezcan funcionarios que traten de aprovecharse, con el pretexto de impulsar el triunfo del partido de gobierno, para sacar provecho personal. Sobre todo cuando el presidente busca la reelección.
Es necesario mantener el rigor en los controles legales para evitar que, al amparo del ruido de la campaña, algunos intenten aprovecharse.
La corrupción tiene mil y un tentáculos, y no duerme, siempre al acecho de la más mínima oportunidad para traficar influencias y enriquecerse con el dinero de los contribuyentes
En esta etapa, más que nunca, deben fortalecerse los rigores en las normas de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas, de común acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para enfrenta cualquier amago de corrupción.
La corrupción tiene mil y un tentáculos, y no duerme, siempre al acecho de la más mínima oportunidad para traficar influencias y enriquecerse con el dinero de los contribuyentes.
No se puede descuidar la vigilancia. Pero, sobre todo, no se puede tolerar ninguna falta cuando de administrar los recursos públicos se trata.