Las micro, pequeñas y medianas empresas, en su mayoría informales, son sin dudas el principal sector empleador de nuestro país. Representan el 98.6% de las empresas registradas (2021), mientras el 1.4% restante corresponde a las grandes empresas.

Según estadísticas de la DGII, el 90% de las industrias de manufactura local está compuesto por mipymes (5,865 industrias de las 6,513 registradas).

Los números son conservadores, pues para un panorama completo  habría que sumar las mipymes no registradas que, según la encuesta FondoMicro2013,  constituyen un 12.3% del total.

Los esfuerzos por la formalización del sector han tenido poco éxito. Una variedad de métodos, aplicados sobre todo a nivel de la administración tributaria,  no han funcionado y en muchos casos ha quebrado a algunas mipymes. 

Los procesos económicos se desarrollan en función de la realidad socioeconómica de cada país o región y no a partir de las ideas que se incuban en la cabeza de los técnicos y de los tecnócratas al margen de la realidad.

Buscar nuevas fuentes de generación de empleos masivos -como ocurre en el campo de las mipymes- hizo prender la idea de las zonas francas con sus errores y virtudes.

En un país con mucho desempleo, crear empresas intensivas en mano de obra poco calificada y con salarios por debajo de las industrias locales, libres de impuestos y otros incentivos, podría verse como una aberración.

Es cierto, sin embargo, que el modelo zonas francas ha contribuido con la disminución de la tasa de desempleo, y con el aumento de las exportaciones, amén de otros beneficios indirectos.

Con el tiempo, su producción ha pasado del ensamblaje de productos sencillos a procesos más complejos y productos más sofisticados, lo que implica mayor valor agregado local. Y eso ha sido posible por el tratamiento que las zonas francas han tenido.

A 2021, las zonas francas contaban con un total de 734 empresas, las cuales, según el Banco Central, representaron un 3.6% del PIB, equivalente a US$195,678.2 millones, y registraron 183,232 empleados. 

Aunque prácticamente el total de sus insumos y materias primas son importados, el valor agregado nacional a través de la mano de obra es importante.

Las mipymes -por su lado- son el 38.6% del PIB, emplean a 1,644,260 ciudadanos y están más integradas que las zonas francas al resto de los sectores productivos. Para confirmar esto basta observar su fuente de abastecimiento: la industria.

Si sus niveles de informalidad son altos es que ellas son parte de una realidad económica y de los esfuerzos de una parte de nuestra sociedad por sobrevivir. Las mipymes solo podrán formalizarse en la medida en que crezcan sanamente y para eso las políticas públicas son determinantes.

La informalidad de las mipymes es un producto de nuestra realidad, de nuestro modelo económico, de nuestro desarrollo, un reflejo de nuestra desigualdad, pero también de la falta de sanciones a las malas prácticas.

Dejémoslas crecer y démosle facilidades para hacerlo.

Es triste reconocer que, aunque hemos progresado, nuestra competitividad se fundamenta en factores espurios, como bajos salarios e incentivos fiscales inmerecidos, con notables excepciones, por supuesto.

Nuestro reto debería ser lograr cada día mayores niveles de competitividad auténtica, innovadora, flexible, de mayor productividad. Creo que en lo que se refiere a las micro, pequeñas y medianas empresas hay un campo fértil para empezar.

No puedo negar que se han hecho esfuerzos en esa dirección, pero los resultados no siempre han sido los deseados. Para muestra basta un botón: se estableció que el 20 % de las compras estatales se le otorgaran mediante proceso de licitación a las mipymes, pero no se resolvió uno de los problemas que más impide su avance.

¿De qué se trata? Como todos sabemos, el gobierno es un mal pagador y, a su vez, voraz en el cobro del  ITBIS con plazos inflexibles. Para saldar ese impuesto el plazo es de un mes, pero el gobierno no paga a 30 días y eso afecta el flujo de efectivo de las mipymes, algunas de las cuales hasta se endeudan para cumplir con el fisco.

Una salida podría ser que el ITBIS derivado de las ventas al Estado sea saldado al ritmo del flujo de pagos del gobierno. Además, deberían establecerse sanciones para las entidades estatales morosas y las que cobran peajes para liquidar pasivos.

Siempre he dicho que las mipymes, especialmente las informales, y las zonas francas, tienen, guardando las distancias, un origen común: el desempleo, pero han recibido un tratamiento desigual que requiere ser emparejado con políticas innovadoras, desarrollistas y valientes.

Si la crisis mundial no nos ha dado tan duro no ha sido solo por las remesas y el turismo. Las micro, pequeñas y medianas empresas han alimentado a muchas bocas y han contribuido notablemente con el desarrollo de los sectores formales de nuestra economía. Démosle, pues, un tratamiento justo, acorde con su naturaleza.