El presidente Luis Abinader acaba de disponer el patrullaje mixto de miembros de la Policía Nacional con miembros del Ejército.
La idea es aumentar la presencia de representantes de patrullas, a modo de prevención, en los sectores en donde las estadísticas oficiales indican mayor frecuencia de actividades delictivas y donde la ciudadanía está más desprotegida frente a los delincuentes comunes.
Ahora bien,esos patrullajes deberán hacerse con estricto apego a la ley y el respeto a los derechos humanos, las libertades públicas.
De acuerdo con el presidente Abinader, luego de eliminar las restricciones por el COVID-19, los delincuentes han intensificado sus acciones. Otra razón que aduce es que con los duros golpes que el gobierno ha propinado al narcotráfico, en la parte baja de las redes de drogas, con el microtráfico, se han incrementado las acciones de estos grupos. Es decir, según la información de que dispone el gobernante, el aumento de la delincuencia común o ratería podría ser una reacción ante la dureza con que las autoridades han enfrentado a los grandes narcotraficantes.
Lo cierto es que la gente no se siente segura, y tiene razones sobradas para albergar esta preocupación.
Los medios de comunicación informan todos los días de robos callejeros, asaltos en negocios, incluso en bancos, y la incusión de maleantes en hogares y hasta en templos cristianos.
Y lo más preocupante es la cada vez más evidente violencia con que se conducen los ladrones. Numerosos agentes policiales han sido asesinados en los últimos meses.
Como respuesta, la policía ha terminado con la vida de docenas de personas, muchas de ellas por ser parte de grupos delincuenciales. Otras han perdido la vida porque los agentes se han excedido o se han confundido: En ambos casos se pone de relieve la deficiencia y la escasa formación profesional de los agentes.
El Consejo Superior Policial se reunió, con asistencia del presidente Abinader. Allí se discutieron las decisiones que se acaban de anunciar. Todo de manera parcial.
Los factores que generan la delincuencia común son muchos. Además de los mencionados por el presidente, hay otros aspectos que deben ser observados. Entre ellos:
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Acceso a la educación integral, y a orientación adecuada en el momento del desarrollo de la infancia y la dolencia.
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Oportunidad en los barrios y en las comunidades para tener el primer empleo y continuidad de sus estudios en las universidades.
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Cambio de las condiciones de vida, especialmente en el cambio de la precariedad y la ausencia de condiciones mínimas para subsistir.
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La pobreza se reproduce en la medida que los jóvenes carecen de orientación oportuna, y comienzan muy temprano la actividad sexual. Eso aumenta los embarazos en adolescentes, multiplica los grupos familiares, y da pie al nacimiento de nuevos niños que repetirán las condiciones de pobreza y hacinamiento. Esa es una de las causas del llamado círculo de la pobreza.
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Se requiere de más acceso a actividades deportivas, creativas, a los bienes de la cultura, sin que ellos representen limitaciones por ser parte de un barrio o una comunidad generalmente segregada y marginalizada.
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No discriminación de los agentes policiales por condiciones físicas del pelo, la ropa, los tatuajes y otros ornamentos de uso común en jóvenes en estos tiempos.
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Políticas públicas de integración y acceso de los jóvenes y personas de los barrios a empleos públicos, a oportunidades de integración municipal, social y deportiva, patrocinadas por instituciones estatales como los ministerios de Educación, Deportes, Cultura, Ciencia y Tecnología, entre otros.
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El gobierno no puede asumir que el aumento del patrullaje y la incorporación de militares en esa actividad devendrá en una disminución inmediata de la delincuencia, mucho menos en una solución que pueda permanecer en el tiempo.
Es un paliativo a un aspecto de la delincuencia. Tampoco hay que asumir que la pobreza es la causa única de la delincuencia.
Es necesario mirar hacia la profunda desigualdad social. Asimismo, avanzar en el combate a la discriminación y a la segregación, aparte de los estigmas sociales, los prejuicios y los abusos que sufren las personas por condiciones de género, etnic, religión o condición socioeconómica.
En fin, aunque la incorporación de militares para reforzar las labores propias de los policías no es nueva ni ha probado ser la solución definitiva a la inseguridad que sufre la población, como medida temporal ha de surtir algún efecto. Pero, definitivamente, no es la solución.