La Asociación Dominicana de Profesores ha decidido desafiar la autoridad del Ministerio de Educación en relación con el reinicio del año escolar.

Eduardo Hidalgo, presidente del gremio magisterial, ha dicho que contrario a la indicación del Ministerio de Educación, los maestros regresarán a las aulas a partir del 31 de enero, cuando ellos entienden que habrá menos contagios por Covid y por la gripe de influenza.

El Ministerio de Educación evaluó las condiciones del reinicio del año escolar con el Ministerio de Salud, con los propios maestros, con el Colegio Médico, con las asociaciones de madres y padres de los alumnos, y determinaron que el lugar más seguro para los estudiantes es el recinto escolar. Es la misma indicación que han tenido los estudiantes de enseñanza intermedia en la mayoría de los países.

La variante más extendida es la Ómicron, que se propaga muy rápidamente, por su fácil nivel de contagio, pero que es leve en cuanto a las consecuencias para la salud. El presidente del gremio de los profesores, Eduardo Hidalgo, contraviniendo las recomendaciones científicas y del propio ministerio se cree en condiciones de decidir por los maestros. No habrá docencia hasta que los maestros decidan retornar a las aulas.

Será después del 31 de enero cuando se abra nuevamente el año escolar. ¿Cuál seguridad tiene la ADP de que después de esa fecha habrá menos incidencia del COVID-19? Nadie lo sabe, y menos los profesores, que como ha dicho el Colegio Médico, no son científicos para conocer el comportamiento de un virus como el que nos golpea.

Mientras tanto, ha quedado desautorizado el Ministerio de Educación, que es quien paga a los maestros y quien tiene la responsabilidad legal de regular el sistema educativo. Los colegios privados han iniciado docencia, pero las escuelas públicas no han podido hacerlo por decisión del gremio de los maestros.

El presidente Luis Abinader ha pedido no politizar el tema COVID. Y eso tiene mucho que ver con los maestros. El Estado destina el 4% del PIB para el sector educativo. También se realizan esfuerzos extraordinarios para mejorar el sistema educativo, la calidad de los maestros, entregar desayuno y merienda escolar. Miles de millones de pesos están destinados a propósitos educativos y de compensación social para las familias que envían sus hijos a las escuelas.

Hidalgo ha dicho claramente que "aún no están dadas las condiciones sanitarias para el retorno de los profesores” a las escuelas. En el país todo el mundo ha asumido los riesgos. En el sector público y en el privado. ¿Qué tienen los maestros que no pueden asumir el riesgo de acudir a las aulas? La respuesta es sencilla: Razones políticas.

Eduardo Hidalgo es un cuadro político del Partido de la Liberación Dominicana, y está poniendo por encima del interés nacional las razones políticas para hacer fracasar el año escolar y al ministro de educación, aparte de entorpecer al al gobierno en sus objetivos educativos. Habría que añadir, que a quienes está afectando es las familias que necesitan de la educación pública para que sus hijos se eduquen, porque las clases medias y altas de este país evitan enviar sus hijos a las escuelas en donde manda la ADP.

Eduardo Hidalgo ha dicho algo que debe ponernos a pensar a todos, como colectivo: "Después de que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, haya invertido más de 10 mil millones de pesos en tabletas y que las mismas no sean útiles para las situaciones coyunturales como esta, nos da pena”. Es decir, que para la ADP es una inversión del Ministro y no del país. Y daría la impresión de que el señor Hidalgo lamenta que los hijos de machepa hayan tenido acceso a tabletas y dispositivos electrónicos. Si la inversión hubiese sido realizada en una administración de su partido, el PLD, otra sería su opinión. Es cuestionable que los políticos de hoy día piensen y actúen como el señor Hidalgo, presidente de la ADP, y destacado dirigente del PLD.

Para el presidente Luis Abinader la posición de la ADP es política y va contra los intereses del país. Un gremio de tanta tradición en la lucha por el sindicalismo libre y democrático, asumir posturas mezquinas como la que está asumiendo en este momento es una forma de hundirse y renunciar a su tradición democrática en defensa de la educación de los más pobres.

Habrá que repensar el papel de los gremios en la defensa de los derechos democráticos y sociales, como el caso de la educación, en que un gremio renuncia a cumplir con el sagrado deber de la enseñanza para apostar por el fracaso de un gobierno que no es el que apoya el presidente del gremio.