Oficialmente el Ministerio Público no ha ofrecido los datos que confirmen quiénes están imputados individualmente en el caso MEDUSA, ni lo ha ofrecido sobre las empresas que están involucradas en la trama de corrupción, ya definida por Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, como la más grande trama organizada para defraudar al Estado.

Ha habido dos declaraciones sobre el tema: La que brindó la magistrada Luisa Liranzo, en el momento de depositar el expediente acusatorio la madrugada del sábado pasado, y las declaraciones de Wilson Camacho unas horas después.

Los medios de comunicación, y por vía de consecuencia, el país anda detrás de los datos ciertos sobre el contenido de la acusación. Ningún abogado ha sido notificado por el Tribunal de Atención Permanente, debido a que el expediente es excesivamente extenso, y debe ser fotocopiado y entregado a cada una de las partes en la medida en que sea solicitado y en la medida que esté disponible la copia de varios millones de páginas.

Acento ha realizado esfuerzos para obtener copia del documento acusatorio. Lo mismo están haciendo otros medios. Los abogados conocidos de las partes quieren conocer el contenido de la acusación para la elaboración de su estrategia de defensa. Del conocimiento de este documento dependen muchas actividades legales, de defensa, y de protección de empresas y hasta de áreas del gobierno.

El Ministerio Público es independiente. El gobierno del presidente Luis Abinader no traza pautas al Ministerio Público, como ocurría en el pasado. Ahora tampoco puede intervenir para proteger a nadie, en caso de que resultaran funcionarios o vinculados mencionados o incluidos en cualquiera de las dos listas.

Luisa Liranzo dijo a Acento la madrugada del sábado que los imputados eran por lo menos 50 personas. Ella que depositó el expediente debe tener suficiente aval y conocimiento para ofrecer un dato como ese. Varios medios se han atrevido a ofrecer otros números. Liranzo habló de más de 3 mil pruebas, y de varias empresas o sociedades involucradas.

La Procuraduría General de la República informó este lunes que entre los acusados hay 41 personas físicas y 22 sociedades, y atribuye esos datos al Ministerio Público. En declaraciones del procurador anti corrupción Wilson Camacho se explica que hay en el caso más de mil millones de pesos en sobornos, y que entre los imputados se encuentra un hijo del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, que lleva su mismo nombre: Lisandro José Macarrulla Tavárez, según ha informado el diario El Día.

Además de Jean Alain Rodríguez, ex Procurador General de la República, están imputados, de acuerdo con una lista publicada por el mismo medio, las siguientes personas:

Jonathan Rodríguez,  Alfredo Solano, Altagracia  Guillen, Jenny Marte, Javier Forteza, Miguel Moya. (Estos eran los conocidos por la opinión Pública).

Los nuevos incluidos en el expediente, además de Macarrulla Martínez, serían: Sara Fernández,  Brasil Michael Batista, Alejandro Martin Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes, Jesús Tapia, Félix Antonio Rosario, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Francis Ramírez Moreno, Rolando Sebelén Torres, José Estrada, César Nicolás Rizik, Reynaldo Santos de la Cruz, Hidalgo Cristina Jackson, Juan Asael Martínez, Gilkwse del Carmen Molano, José Luis Liriano Adames.

También están involucrados: Daniel Enrique Vásquez, Francisco Arturo Santos, Rosanna Vianela Pimentel, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto  Vásquez, Carlos Guzmán, José Abbot, Rafael Rasuk, Sean Hudson Dwighins, Richard Carrasco, José Santana, Felipe Fernández, Cesaron Morel Grullón e Ismael Elías de Jesús.

El periódico El Día, que dirige el periodista José Monegro, informa que entre las empresas involucradas están estas 22 compañías:

Dio Srl, Lirtec srl, Jurinvest Abogados srl, Espacio & Arquitectura srl, Constructora Morel Grullón, Constructora Integral srl, Abatida, Constructora Carrasco srl, Mac Constructora, Smart LNogistic, Distribuidora Rapi, Inversiones Swaziland EIRL, Inversiones Carivieri, Ropalma srl, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrajes Rachel srl, F&F Ezel Import srl, Togama srl, Comercial Viaros, Ka Parasata Mercantil srl, Fire Control System Magm.

El Tribunal de Atención Permanente deberá hacer las copias de las más de 12 mil páginas del expediente. Habría que multiplicar esa cantidad de páginas por las 62 personas y entidades acusadas, las que deben recibir formalmente una copia completa de la acusación, para preparar su estrategia de defensa. Es muy probable que esta semana no sea posible obtener una copia completa. Sin embargo, poco a poco los datos irán fluyendo a través de los medios de comunicación, porque unos más y otros menos, todos iremos accediendo a datos de un caso que interesa e involucra a todos.