El PLANDES valida el señalamiento de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) de que “quienes acuden a los hospitales públicos lo hacen por extrema necesidad, sin saber si van a encontrar al médico”. Según el abogado José Luis Taveras los hospitales públicos no tienen deudos y son una barrica desfondada.
“El sistema de atención ha sido un “ilustre” fiasco. El Estado invierte millones en equipos, unidades y aparatos que, cuando no se dañan por el sobreuso, son robados y la mayoría no cuenta con mantenimiento adecuado. La carencia es la norma del hospital público; el paciente tiene que proveerse muchas veces de los insumos básicos”.
“El personal médico especializado, en su mayoría, presta consultas en clínicas privadas. La supervisión laboral a nivel médico es débil o inexistente. Predomina el criterio político en la selección de los directores de hospital. La reforma no soporta más espera. El Estado ha sido incapaz de administrar. Prevalece la arraigada cultura de que los bienes públicos son de todos y de nadie. No hay dolientes”.
“La reforma es perentoria. No podemos seguir disipando recursos. No nos sobran. Es tiempo de que el Estado cambie un modelo de gestión ineficiente, dispendioso y oneroso. Debemos cerrar este ciclo incierto de la historia sanitaria”. Falta espacio para incluir todas las verdades señaladas por el licenciado José Luis Taveras.
Todos los informes y recomendaciones fueron engavetados
Resulta muy lamentable que no existan estudios actualizados sobre la realidad de los hospitales. No obstante, ya hace más de tres décadas que calificados especialistas nacionales e internacionales, demostraron que la causa principal de la baja calidad pública reside en una asignación de los recursos que no se corresponde con las necesidades de la población.
Han transcurrido tres décadas, 7 gobiernos y 4 presidentes, sin que nadie los haya tomado en cuenta. Como bien señala ADESA: “Las reformas e inversiones se han orientado a una modernización tecnológica, pero han quedado atrapadas en las modalidades tradicionales de gestión y prestación de servicios”.
¿Cuál es el grado de protección social que reciben las familias más pobres y vulnerables, cuando el 83% del presupuesto anual se destina a salarios, sin exigir un horario ni informes sobre los resultados. Existe una baja productividad que explica porque el SNS gasta un 26% más y entrega 2.6 veces menos servicios que las demás PSS contratadas por el SENASA y las otras ARS.
La premisa subyacente de esta preasignación de los recursos a favor de los grupos de presión y de los proveedores preferidos, es la ausencia total de garantía de derechos. La entrega de los servicios termina “cuando se agota el presupuesto”, de ahí la discontinuidad, la falta de suministros, y del tradicional descuido del mantenimiento regular de los equipos y de la planta física.
Mientras se emplea una millonada mensual para mantener en nómina a más de 15,000 médicos y empleados que no asisten o apenas cumplen con un 45% de la jornada, “el 92% de los hospitales municipales carece de ambulancia”, poniendo en peligro a pacientes en estado de emergencia, que necesitan traslados urgentes al tercer nivel.
Ante esta lamentable realidad de larga data, el Lic. Taveras se pregunta, ¿qué hacer con los hospitales públicos? Para elevar el cuidado de la salud y reducir la privatización y el gasto de bolsillo, es imprescindible despolitizar y desburocratizar los procesos, otorgándole verdadera autonomía y capacidad gerencial a los hospitales públicos.
- Asignando los recursos de acuerdo con la demanda de la población, como establece la Ley 87-01;
- Designando a los gerentes por capacidad y asegurando su permanencia en función de su desempeño;
- Contratando a los RRHH con un salario fijo básico, más incentivos con arreglo a la dedicación y a la cantidad de servicios prestados;
- Estableciendo una jornada de servicios médicos especializados de 8 horas, y velando por su cumplimiento;
- Entregando recursos suficientes para asegurar el suministro de medicinas e insumos, y para el mantenimiento regular de la infraestructura.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) lamenta que estas recomendaciones de calificados especialistas hayan sido engavetadas e ignoradas durante más de tres décadas. Y les solicita a las autoridades nacionales comprometidas con el cambio, disponer el avance progresivo hacia una asignación de los recursos que priorice “primero la gente”, como lo dispone la Ley 87-01.