Supérate es un programa del gobierno, creado mediante decreto del Poder Ejecutivo y en evolución de anteriores programas oficiales, para compensar a las familias más pobres y necesitadas de la sociedad dominicana. El Estado destina miles de millones de pesos para entregar recursos a los más desamparados, y el procedimiento de entrega de los recursos es mediante la entrega de tarjetas. En varias ocasiones esas tarjetas han sido clonadas, falsificadas o negociadas y entregadas de forma irregular, y eso sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades.
Esta semana las autoridades de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que iniciaron una investigación sobre un grupo de mujeres que utilizaban decenas de tarjetas de Supérate para pagar compras en un supermercado, y que supuestamente son miembros de una banda conocida como "Los chiperos”. Fue tan obvio el fraude que los ciudadanos que estaban en el centro comercial del kilómetro 17 de la Autopista Duarte se quejaron, llamaron la atención y trataron de impedir el uso de la tarjeta Supérate.
En 2022 se descubrió un gran fraude con las tarjetas, y como consecuencia de ello en 2023 el programa Supérate inició el proceso de cambio de tarjetas de banda tarjetas con chips más seguros, con el objetivo de incrementar las medidas y combatir la clonación y evitar el desvío de los fondos que se destina a las ayudas sociales. Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales.
En 2022 el fraude consistió en una suplantación de plásticos, y algunos beneficiarios de las provincias Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y Santo Domingo, no cobraron.
El costo del millonario fraude fue asumido por las entidades financieras emisoras de las tarjetas, los cuales se vieron obligados a desembolsar mas de 60 millones de pesos para la entrega de 40,000 tarjetas a beneficiarios afectados. El fraude superó los 100 millones de pesos.
Supérate tuvo que suspender más de 300 colmados que estaban en el programa, que en ese momento representaban el 10 por ciento de la Red de Abastecimiento Social.
Quienes cometen estos crímenes tienen que ser identificados, sometidos a la justicia y castigado por los tribunales, porque se trata de robar el dinero que el Estado destina para los ciudadanos y familias con mayor precariedad. Es robar a los pobres, y ese es además un pecado terrible.
El gobierno y las instituciones financieras tienen que mejorar la calidad de las tarjetas, incorporando tecnología más eficiente, y tienen que evitar que el sistema de distribución de las tarjetas sea corrompido. Se requiere de un control más eficaz y con una red de distribución que comprometa más fuertemente a los centros de abastecimiento. Establecer, además, que los centros de abastecimiento social no acepten más de dos tarjetas por familia y por compra.
Se trata de un fraude que desmoraliza al Estado, al sector privado y a los beneficiarios del programa Supérate.
Este programa debe cumplir con sus objetivos y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.