Una reforma fiscal podría tener lugar en los meses de la transición política, al finalizar las elecciones presidenciales y congresuales, y decidido ese proceso, quien gane las elecciones tendría que preparar gabinete, planificar el nuevo gobierno que deberá instalarse en agosto. Podría ser que la reforma fiscal se defina entre finales de mayo y las primeras dos semanas de agosto. El Congreso Nacional tendría que ser convocado para conocer la propuesta, discutirla y aprobarla, para que se ponga en marcha a partir del mes de septiembre. Discusiones, debates y pactos tendrían que darse en un período de tres meses.
Este es un posible escenario para la discusión de la reforma fiscal integral. Tiene el inconveniente de que se discutiría en medio de la efervescencia política, inmediatamente después de unas elecciones presidenciales y congresuales. En el ambiente político habría gente muy contenta, quienes ganaran, y habría gente muy enfadada, por haber perdido las elecciones.
Esos serán factores a tomar en cuenta.
Habrá quienes decidan hacer inversiones monetarias significativas en el proceso electoral. Habrá quienes piensen en la necesidad de invertir en la campaña electoral para condicionar la ruta de la reforma fiscal integral. Desde ya hay sindicatos empresariales que trabajan en procura de estar en condiciones favorables para los debates sobre ese asunto, aunque públicamente no se hable del tema. Ya hemos dicho que a los candidatos presidenciales no hay quien le haga hablar de ese asunto. Quien sea que gane sabe que es necesario afrontar ese tema, si tiene conocimiento de la realidad de las finanzas públicas, y de la insostenibilidad del modelo que hemos seguido, sin reforma fiscal, pese a que somos el país de más baja presión fiscal en la región.
De acuerdo a la tradición política, la oposición hará resistencia a cualquier intento de mejoría de las finanzas públicas por vía de una reforma fiscal. Toda mejoría de los ingresos estatales se convierte en un balde de contención de la oposición. El gobierno es más eficiente y dispone de recursos para hacer frente a las demandas sociales, la inversión de capital, la generación de empleos, la disminución de la pobreza y la satisfacción de los ciudadanos.
Pero como no hay un resultado de las elecciones, no es posible prever un hilo conductor de este debate. Los tres principales candidatos presidenciales son conscientes de la necesidad de la reforma fiscal. Pese a ello, quienes pierdan la contienda harán oposición a la reforma.
El contenido de la reforma será el gran tema a debatir. El que gane las elecciones tendrá que asumir posiciones históricas, de rechazo de la presión y las manipulaciones. Obvio, que el criterio del gobernante electo y de su equipo fiscal y económico será el que prime en la tendencia que asuma la reforma.
¿Se desmantelan las exenciones tributarias existentes? ¿Se desmantelan gradualmente? ¿Se reducen algunos impuestos, como el ITBIS, y se amplía la base impositiva? ¿Se eliminan impuestos improductivos? ¿Se crean nuevos impuestos? ¿Se toca o no se toca el Impuesto sobre la Renta? ¿El selectivo al Consumo, qué pasará con este importante impuesto? ¿Se reducen los impuestos a las telecomunicaciones? ¿Se elimina el Selectivo al Consumo a las telecomunicaciones? ¿Se toca nuevamente al sector exportador? ¿Las zonas francas y textiles vuelven al debate? ¿Se incluyen las PYMES entre los sectores con vocación a integrarse? El sector informar de la economía, sobre el 50%, ¿será una aspiración de las autoridades? ¿Cómo lo harán? Los servicios en streaming, ventas por Internet, AirBNB ¿serán alcanzados por esta reforma? ¿Los impuestos a los activos seguirán, aumentarán?
Son temas relevantes, preguntas que requieren respuestas, y a las que deberán atender los ganadores de las elecciones de mayo. Por aquí apenas nos adelantamos a plantear el desafío.