Los aumentos de salarios dispuestos por las consejos de dirección de algunas superintendencias han erosionado al gobierno del presidente Luis Abinader.
Al darse a conocer los aumentos de salarios dispuestos en la Superintendencia de Electricidad (SIE), en particular los salarios del señor Rafael Velasco y de la directora de Gestión Humana, generaron una polvareda que obligó al Superintendente a abandonar la posición la noche del domingo 31 de julio.
Sin embargo, la renuncia de Rafael Velasco en vez de contener el escándalo público sirvió para incendiar más la inconformidad, pues rápidamente se revisaron las nóminas públicas de las superintendencias de Banco, de Pensiones, de Valores, y se conocieron nuevos aumentos de salarios verdaderamente enojosos y que estaban en franca contradicción con las normas dictadas por el Ministerio de Administración y Personal y por las disposiciones y consideraciones del presidente Luis Abinader.
La cuestión se ha mantenido durante la semana, porque se revisaron las nóminas de algunas empresas, como la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), y se analizaron los salarios que recibían las posiciones al salir la pasada administración, con los que tienen en la actualidad los que desempeñan las mismas funciones. El dato varía. Algunos recibieron aumentos cuantiosos y otros un poco menores. Lo que pone mayor indignación es que las nóminas en general, aunque tienen -en algunos casos- menos personas, los montos de los salarios resultan casi duplicados.
Los aumentos que se realizaron sobre salarios muy altos conllevó un recordatorio y una censura a los supersalarios del gobierno dominicano, que se encuentran en la autoridad monetaria y financiera del país, con montos sobre los 1.5 y 1.6 millones de pesos por mes, además de todas las condiciones y agregados que traen esos salarios: bonificación, viáticos, seguros médicos y de viajes de los más onerosos, automóviles, combustible, guardaespaldas, asistentes y una lista de menudencias que también cuesta. En la pasada administración había administradores a los que les pagaban las compras del supermercado y los vinos que consumía el funcionario.
Claro, habría que valorar el aporte que realizan esos funcionarios al desempeñar su trabajo, que le ahorran miles de millones de pesos al Estado Dominican o que garantizan el sistema de pagos, que ya en alguna ocasión estuvo en riesgo.
La otra consideración es que los superintendentes necesitan devengar salarios equivalentes al que desempeñan los ejecutivos del sector privado regulados por los organismos oficiales. La gente no ve esos argumentos, ni los acepta. El público analiza las penurias de sus salarios, o de sus ingresos en el caso de los que están en la economía informal, y los engloba. Con el salario que recibe el superintendente de tal sector se pagan los salarios mensuales de 40 personas. Solo con los salarios, sin contar los bonos y los demás agregados.
El presidente podría dejar el caso en manos del Ministerio de Administración y Personal. Y ese ministerio no tiene potestad para regular los salarios de las entidades con independencia administrativa. Siempre se ha dicho que hay un principio de que nadie, en el Estado, puede ganar un salario por encima del presidente de la República. Esa opción tiene limitaciones legales y deja las manos atadas al poder ejecutivo.
La otra opción es que el presidente disponga, mediante algún dispositivo (carta, decreto, resolución, mensaje verbal), que esos aumentos de salarios queden todos anulados hasta nuevo aviso, y encargue al Ministerio de Administración Pública una política que pudiera regir en lo que se aprueba una ley salarial más integral y abarcadora.
La otra posible decisión sería más radical: destituir a quienes se aumentaron los salarios, y anular las disposiciones y compensaciones por gestión que se hicieron, caso de los bonos en la SIE, cortando de ese modo los otros aumentos irritantes y abusivos a los ojos de la sociedad dominicana, independientemente de que hayan ocurrido por disposiciones de las autoridades del pasado gobierno o de pactos que se hayan firmado. Es muy claro que este gobierno es muy sensible a las críticas y ataques a las políticas de justicia social que ha enarbolado el presidente Luis Abinader.