La libertad de expresión es un delicado tema, al que se recurre con frecuencia cuando se quiere medir la tolerancia de los gobiernos o la calidad del sistema democrático. ¿Cuánta libertad se permite a los medios de comunicación en una administración de gobierno? ¿Tienen las autoridades alguna forma de controlar lo que se dice en los medios de comunicación?
El tema es delicado y no se puede pasar por alto que el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, en su reciente informe sobre los derechos humanos en el país, tocó el tema de la libertad de expresión, y lo hizo de forma crítica.
En la sección 2 del informe, respecto de las libertades civiles, el primer punto abordado fue el atinente a “Libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa y otros medios de comunicación”.
El informe dice que la Libertad de expresión está garantizada en la Constitución de la República, y afirma que “el gobierno suele respetar este derecho”.
De entrada el documento menciona que aunque hay libertad de expresión, “el gobierno suele influir en la prensa, en parte a través de sus grandes presupuestos de publicidad”. Se refiere a la concentración de la propiedad los medios de comunicación, a las deficiencias del sistema judicial y a la influencia política como limitantes de la independencia de los medios de comunicación.
Estados Unidos se detuvo en la parte del presupuesto, y aquí menciona la autocensura como un tema de su interés, aunque menciona “a los periodistas” que revelaron la existencia de la autocensura, sin identificar jamás un caso:
“Los periodistas practicaron la autocensura, sobre todo cuando la cobertura podía afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios. Los observadores sugieren que el gobierno influyó en la prensa a través de los contratos de publicidad. En julio de 2020, la dirección de comunicaciones del gobierno publicó informes de gastos en publicidad que sumaban más de 1.050 millones de pesos (18,5 millones de dólares) en ocho años”.
El informe recoge varios casos de demandas judiciales contra comunicadores, y restricciones en relación con la publicación de imágenes de menores de edad, que está regulada por la ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Sobre el uso de Internet el comentario es muy ligero: “El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró los contenidos en línea. A diferencia de 2020, no hubo informes creíbles de que el gobierno vigilara las comunicaciones privadas en línea sin la debida autorización legal”.
República Dominicana mantiene un régimen de libertad de expresión bastante flexible y extendido, que abarca radio, televisión, diarios impresos, digitales, redes sociales, espacios públicos, con una holgura más allá de cualquier duda, y con escasos sometimientos judiciales por violación de los límites establecidos de libertad de expresión, que se circunscriben generalmente a la violación de la privacidad y la intimidad de las personas.
En general, los gobiernos administran y manejan presupuestos de publicidad que adaptan a sus necesidades. En unos hay más vocación de cooptación que de control, y en otros hay más interés en promover la sostenibilidad de las pequeñas empresas periodísticas, aunque también gran parte del pastel publicitario se lo llevan las grandes empresas tradicionales, especialmente la televisión, la radio y los periódicos.
La censura dejó de existir con el Internet y con la preponderancia de las redes sociales.
Lo que se conoce como autocensura está más vinculado con las políticas editoriales de cada medio, y con las redes que relacionan la propiedad de cada empresa, con la idea de que cada periodista o comunicador puede decir lo que le venga en ganas. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo.
En los Estados Unidos lo que informe la cadena Fox es muy diferente de lo que informa la cadena CNN. Es muy diferente lo que informa The New York Times de lo que informa The Wall Street Journal. Líneas informativas diferentes, e intereses políticos y editoriales distintos. Igual ocurre en Francia, en España, en Alemania y en cualquier país con democracia y libertad. Las empresas periodísticas tienen el derecho de escoger y pautar una línea editorial alineado a su visión del mundo y de la vida democrática.
Las restricciones de hoy en todos los medios de los Estados Unidos y Europa sobre la guerra en Ucrania es una muestra de la “independencia” con que actúan. La versión rusa de los acontecimientos apenas se incluye. La realidad es que la libertad de expresión tiene límites, y Estados Unidos lo sabe bien, porque es protagonista poniendo límites a Internet y a los medios de comunicación en todo el mundo.