¿Hay libertad de expresión en la República Dominicana?

Es una pregunta que cualquier extranjero podría formular, y para quien la recibe, si conoce cómo se debate y se discute en nuestra sociedad, es más que obvio que existe libertad de expresión y algo más.

La legislación que regula la libertad de expresión es la ley 6132, votada por el Consejo de Estado presidido por Rafael Filiberto Bonelly, tan pronto fue decapitada la dictadura Trujillista, en 1961.

Los límites a la libertad de expresión quedaron claramente establecidos en el respeto a la dignidad de la personas, que no pueden ser difamadas ni injuriadas, el respeto al orden público y el respeto a la paz social. Después de ahí todo puede ser dicho sin censura previa y garantizando la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus prerrogativas.

El problema es que llegó la modernidad, se globalizaron las comunicaciones, se estableció el internet como vía de comunicación, y sobre internet se popularizaron las redes sociales.

En las redes existe de todo, especialmente el mensaje directo de cada usuario, y existen los influencers y desde hace varios años la no se puede establecer controles como si los administradores de los mensajes fueran empresas locales, ubicadas y sancionables, sino empresas internacionales, establecidas en países desarrollados, que establecen sus propias normas.

Y el control de las comunicaciones es ahora una imposible, lo mismo que la sanción, aunque por colindancias nuestras leyes podrían sancionar a los influencers y mensajeros locales, pero hay pocos o ningún precedente en esa dirección.

Por eso, cuando a un periodista se le pregunta si hay libertad de expresión en nuestro país, la respuesta podría parecer muy obvia, en el sentido de que no hay control y cada quien dice lo que le da la gana, incluso contra la autoridad pública, contra el gobierno, contra los funcionarios, contra los militares o contra cualquier dirigente político. Nada pasa. No existen precedentes. Tampoco hay legislación innovadora sobre estos temas.

Salvo los insultos, las fakes news y alguna otra extravagancia, las redes sociales producen escaso contenido que puedan mostrar como trabajo periodístico. Lo que hacen las redes, o los que participan en ellas, es copiar trabajos periodísticos de medios formales, sin pagar ningún fee por ese producto del que se nutren.

Los anunciantes prefieren las redes. Pocos ya pautan en los medios formales. El modelo de negocio de la industria periodística y comunicativa ha colapsado, porque siempre tuvo sustento en la publicidad, y ahora la publicidad la captan los influencers y las redes sociales directamente. Incluso se pagan en dólares y se cobran en las capitales de los países desarrollados.

Las redes no pagan impuestos locales. Los medios tienen que pagar el 18 por ciento de ITEBIS por la publicidad. Localmente sería posible legislar para impedir el uso de los contenidos producidos por los medios en las redes, salgo que paguen por ello. Nuestros legisladores están en otra cosa.

Lo que está realmente en peligro no son las empresas periodísticas, que se encaminan a la quiebra, sino el proceso democrático y el sistema político, que no se podría sustentar sin empresas de informativas que sirvan de control, de balance, de equilibrio. Una democracia sin medios de comunicación no es democracia.

Es lo que estamos viendo en El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Cuba. Países donde los medios han sido perseguidos y para poder sobrevivir han tenido que irse al exilio, como ha pasado a los diarios elPeriodico, de Guatemala, El Faro, de El Salvador, Confidencial, de Nicaragua, y una gran parte de los medios de Venezuela.

La respuesta a quienes preguntan si aquí hay libertad de expresión es que sí, pero está en serio peligro. Y eso no podemos ocultarlo.