El ingeniero Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ha admitido de manera formal, en el tribunal, su culpa en el caso de corrupción Antipulpo.
No fue una decisión repentinda. El exfuncionario peledeísta había acordado con las autoridades de la Procuraduría General de la República colaborar con información de valor sobre este caso de corrupción y devolviendo dinero y otros activos adquiridos de manera ilegal, presumiblemente a cambio de consecuencias menos severas en su contra.
Este lunes, 16 de enero, ese convenio tomó forma en la audiencia en la que Pagán admitió su culpa ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Debido al acuerdo entre las partes, Pagán irá a un juicio penal abreviado.
"Sí, me declaro culpable", respondió el exfuncionario al tribunal ante las acusaciones que pesan en su contra en el expediente de caso Antipulpo.
Habría que preguntarse qué han revelado esos otros imputados que optaron por la colaboración con la Procuraduría General de la República.
Lo más relevante, hasta el momento, es que Francisco Pagán ha dado nombres de terceras personas. Por ejemplo, dijo que el empresario Juan Ramón Gómez Díaz acudió a su despacho con RD$ 150 millones , por concepto de aportes para la campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El dinero estaba dividido en seis cheques de RS$25 millones.
Pagán afirmó que no aceptó toda la contribución, sino solo RD$50 millones, y que el resto lo devolvió. Detalló que incluso fotocopió los cheques no recibidos e hizo que Gómez Díaz firmara al reverso como constancia de que el dinero le había sido devuelto.
Lo que habría que aclarar es cuál era la relación del conocido hombre de negocios con la OISOE y otras entidades públicas durante la pasada administración de gobierno.
Ya en diciembre de 2020, el también imputado en el caso Antipulpo, Aquiles Christopher Sánchez, aseguró que al llegar a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, encontró contratos a favor de las empresas Andrés y Camilan, propiedad del empresario Gómez Díaz, por hasta RD$ 21,000 millones. Es necesario que se aclare si esos contratos se otorgaron con el necesario cumplimiento de las leyes sobre la materia.
En el caso Antipulpo, además de Francisco Pagán, han hecho acuerdos de colaboración con las autoridades del Ministerio Público los imputados Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago.
Habría que preguntarse qué han revelado esos otros imputados que optaron por la colaboración con la Procuraduría General de la República.
Que salga toda la verdad de la podredumbre que se enseñoreó sobre la administración pública. Y sobre todo: Que haya consecuencias, que los responsables principales no se burlen de nuevo del pueblo dominicano, que cese la impunidad.