Donald Trump convirtió la cuestión migratoria como el centro de su compromiso político para volver a hacer grande a los Estados Unidos, y tan pronto asumió la presidencia emitió órdenes ejecutivas declarando la emergencia nacional en la frontera sur, aproximadamente 3 mil kilómetros que separan a su país de México.
Ha continuado tomando medidas, incluyendo el uso de elementos de las fuerzas armadas para agilizar las deportaciones. Aviones militares también están siendo utilizados para transportar a sus países a personas detenidos y deportadas, como puso ser constatado por Colombia, luego que se mostraran brasileños encadenados y siendo deportados. El gobierno brasileño, por cierto, calificó el trato para sus ciudadanos como “inaceptable” y “degradante”.
Algunos países, incluyendo México, han actuado con inteligencia, sin sobresaltos ni declaraciones altisonantes, y asumiendo las deportaciones como algo cotidiano. Hay que admitir que México es un caso muy particular, por la profunda relación económica que tiene con los Estados Unidos, y por su delicada cercanía.
No se sabe si los deportados de origen venezolano o los de origen cubano están siendo recibidos en sus respectivos países. Existe la posibilidad de que otros países acepten recibir deportados de otras nacionalidades, sea por su cercanía con Estados Unidos, porque no quieren represalias o porque la nueva diplomacia de Trump ha solicitado que sean receptores. No hay que olvidar que entre los deportados hay miles de canadienses.
Esta semana el presidente Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva eliminando el sistema de protección temporal para los venezolanos, dada la situación política en su país. Cientos de miles de venezolanos, que se acogieron a las medidas de protección del gobierno norteamericano se asentaron en diferentes estados norteamericanos, y hoy están expuestos a la deportación. Eso incluye a niños que llegaron junto a sus familias, que crecieron y ya son adultos y carecen de documentos, que podrían quedan entrampados entre los procedimientos burocráticos de Estados y Venezuela, y que sufren incertidumbre mayúscula en este momento, pues han cursado estudios en universidades norteamericanas, muchos con grandes talentos, y que son sujetos de deportación.
La nueva política migratoria de Estados Unidos no toma en cuenta los temas políticos, los perseguidos por razones de persecución y represión de gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Cuba o cualquier lugar del mundo donde no haya democracia.
Las razones que argumenta el nuevo régimen migratorio norteamericano es que deben ser deportados todos los que se encuentren en condiciones irregulares, a los que desde ya los califica como criminales y delincuentes. Ello incluye no reconocer como norteamericanos a los hijos de migrantes que nazcan en los Estados Unidos, no aceptarlos como ciudadanos de ese país, como debía ser, de acuerdo a su Constitución.
En Estados Unidos, y en sus propiedades de ultramar, como Puerto Rico, se persigue también a las personas sin documentos. Las escenas de detención, apresamiento, despojo de objetos que portan, y control por la fuerza son horribles. Muchas grabaciones abundan de detenciones en las calles, en parques, centros de trabajo, y desde esos lugares la policía de migración y los militares los conducen a centros de encerramiento para posterior deportación. La justicia ya no se toma en cuenta, ni los detenidos tienen derecho a apelar, o a documentar su estatus.
Aunque la embajadora dominicana saliente en Washington, Sonia Guzmán, ha dicho que las deportaciones de dominicanos sigue siendo una rutina, habría que tomar en cuenta el incremento de los casos, el maltrato físico y moral contra miles de familias, y la tensión y pesadilla que pesan sobre trabajadores sacrificados, honestos, que tienen familias, y que hasta se ven impedidos de salir a las calles o a sus centros de trabajo. Si esa embajadora cree que la situación es normal, habría que coronarla con algún reconocimiento por su nueva definición de normalidad, en la más tensa persecución por tener únicamente la condición de migrantes.
No puede olvidarse que esos migrantes han sustentado a miles y miles de familias durante muchos años, con su trabajo y los que han ahorrado han realizado inversiones cuantiosas en el país, y han sido una fuente de riqueza para la sociedad dominicana al aportarnos remesas por más de 10 mil millones de dólares cada año.
No podemos ser cínicos ni olvidadizos con esos dominicanos que están siendo perseguidos y tachados de criminales. Es cierto que la prudencia de las autoridades tiene mucho que ver con lo dicho por el presidente Luis Abinader (“nosotros también repatriamos”), pero también es cierto que nuestra legislación y la de Estados Unidos tienen diferencias y son realidades jurídicas sujetas a la interpretación y al derecho del que se encuentra en cada territorio.
"La camiona" que utilizan los agentes de la Dirección General de Migración tiene que ser revisada. El procedimiento de persecución y apresamiento de los trabajadores haitianos sin documentos tiene que revisarse. Es necesario que se utilicen autobuses, y que sean revisados y aceptados los documentos que se requieran y cuando se presenten a los agentes de migración, que esos documentos sean admitidos y sus portadores respetados. No son delincuentes, son personas, son trabajadores, que brindan servicios en diferentes áreas. Igual debe ser reclamo a las autoridades de Estados Unidos, y a las de Puerto Rico, porque los miles o millones de dominicanos, con condiciones regulares o irregulares, deben ser respetados en su integridad. Tienen madres, padres, hermanos, hijos, nietos, primos, amigos y allegados que también sufren por ellos.
El gobierno dominicano, insistimos, debe crear un equipo de funcionarios que estudie y prepare las condiciones para conocer las cualidades y características de los deportados, ubicarlos, arreglar el camino para que se integren a labores productivas y continúen con sus vidas, sin pesares. Y hasta que cambien las condiciones migratorias en los Estados Unidos.