En el transcurso de esta semana se anunció que el Estado se había constituido en actor civil y demandado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por la suma de 9 mil 200 millones de pesos. El expediente se conoce como Operación Medusa e implica a muchas otras personas, tanto ex funcionarios que colaboraron con Rodríguez como personas externas a la entidad estatal que resultaron cómplices, según la investigación del Ministerio Público.
Es una novedad que el Estado ya se constituya como actor civil demandando a las personas imputadas en actos de corrupción por daños y perjuicios y buscando la recuperación de los bienes y montos alegadamente sustraídos. Fue el presidente Luis Abinader quien emitió el decreto designando a un equipo de abogados para representar al Estado en sus demandas civiles contra los que han sido imputados penalmente por actos de corrupción.
La querella la dio a conocer el Ministerio Público, y los abogados que en nombre del Estado prepararon el caso y se constituyeron contra los imputados son Jorge Luis Polanco, Claudia Álvarez Troncoso, Namphi Rodríguez y Félix Damián Olivares.
El expediente conocido como Antipulpo, y que involucra a varios familiares del ex presidente Danilo Medina, en particular su hermano, Alexis Medina Sánchez, también recibió el mismo tratamiento. Los abogados demandaron una indemnización civil en favor del Estado por la suma de RD$23,903,465 millones de pesos por concepto de los daños y perjuicios de toda índole que se imputan al grupo principal de señalados en perjuicio del Estado.
Es una novedad lo que estamos observando. En todos los demás casos que se investigan se hará igual y el Estado reclamará indemnizaciones contra los ex funcionarios y personas investigadas. La tarde de este viernes, el Ministerio Público depositó nuevas pruebas contra el ex procurador y dijo que el caso es más grande de lo que inicialmente habían sospechado.
Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, dijo que se determinó que en este entramado (Operación Medusa) se "sustrajo el triple de los fondos que en principio se tenía establecido en la acusación”. Se entiende que si hay descubrimiento de un aumento en los montos defraudados los actores civiles estatales tendrán que modificar los montos solicitados en indemnización.
Los abogados que trabajan en estos expedientes para las demandas civiles, es obvio que coordinan su trabajo con los fiscales del Ministerio Público. Habría que suponer que estos abogados llevan cálculos y ya han podido preparar demandas civiles contra los imputados en los conocidos casos que están aún en proceso de investigación y preparación de los expedientes acusatorios, luego de que se conocieran las medidas de coerción.
Lo que no se conoce es si estos abogados han podido trabajar casos que no estén en conocimiento de la opinión pública, pero que sí tienen un curso en el Ministerio Público, como pudieran ser los relacionados con el asfalto caliente, OPRET, Ministerio de Hacienda o sobre casos relacionados con decisiones de funcionarios que tenían oficinas en el Palacio Nacional.
El país está a la espera de que los fiscales y los abogados avancen con los otros casos que aún no salen a la luz pública, pero sobre los que se tiene conocimiento, porque eran señalados con evidencias o porque sus involucrados ostentaban un gran poder en el pasado y ahora son favoritos del escarnio público.