La solicitud de medidas de coerción, presentada este miércoles por el Ministerio Público, contra Fausto Miguel Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, despeja muchas dudas y rumores que se lanzaron desde que ocurrieron los acontecimientos el pasado lunes al mediodía.
El Ministerio Público ha dicho que el victimario “es un asesino frío y calculador”, que planificó su acción y que se vengó de Orlando Jorge Mera porque no le resolvían unas peticiones que había hecho para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas. Y que se creía en condiciones de exigir la autorización porque él había hecho campaña electoral y ahora, desde el gobierno, no le resolvían sus peticiones.
El concepto de muchos políticos y empresarios, ya muy extendido, de que las elecciones se ganan para favorecer a los que se “fajan en la campaña” es lo que ha inducido esta tragedia. La propiedad del Estado para favorecer a los que hacen campaña o financian campañas electorales es una tragedia.
Otra forma de denominar esta concepción es como clientelismo. Está tan arraigado que los que no reciben beneficios luego de hacer campaña electoral se sienten traicionados, hacen rabias y hasta se arman y asesinan ministros. Por eso no es de dudar que el asesino de Orlando, en los interrogatorios, aún sienta que tuvo justificación para asesinar al ministro en su despacho.
El documento de solicitud de medidas de coerción contra Cruz de la Mota revela que antes de presentarse al despacho del ministro, acudió a la oficina del director Nacional de Medio Ambiente, Juan Manuel Cuervo Desangles, y allí agredió físicamente a Alfonso María Mendoza Rincón, asistente del ministro, porque él conocía de su apoyo en la campaña electoral y no le resolvían.
Es una terrible tragedia que Orlando Jorge Mera haya sido asesinado por cumplir y hacer cumplir la ley, independientemente de que quien solicitaba la autorización para exportar baterías usadas era su amigo de infancia y quien le había apoyado, como dirigente político, en la campaña electoral.
Es la gran tragedia de la política y de la institucionalidad democrática en la República Dominicana. Que los funcionarios puedan correr peligro, y como en este caso asesinados, por empeñarse en que la ley sea cumplida como corresponde por todos los ciudadanos, independientemente del partido al que pertenezcan o de la contribución que hayan hecho en la campaña electoral.
La conclusión del Ministerio Público es que se trató de un crimen planificado, fríamente calculado, y que se ejecutó sobre los errores que se cometieron en materia de seguridad, por la confianza que ya había, tanto del ministro asesinado, como del personal responsable de cuidarlo y apoyarlo en su trabajo cotidiano.
El asesino además, planeó fugarse, porque tenía en su poder dinero, armas y una maleta con la que pretendía huir, posiblemente, del país.
Corresponde que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional disponga la prisión preventiva de un año, en lo que se formula el expediente, y que se tomen las medidas de lugar para evitar que en la prisión en que sea recluido corra el peligro de ser asesinado. Y que se imponga todo el peso de la justicia por su execrable acción.