Las pandemias, los efectos del cambio climático y la guerra de Ucrania por la invasión rusa, tienen al mundo patas arriba.
Cualquier dislate es posible en las relaciones internacionales. Los procesos electorales sirven de presión para los gobiernos de mayor estabilidad. El caso del presidente Joe Biden, en los Estados Unidos, pareciera ser el más patético: con tasas de rechazo que llegan al 60 por ciento, y posicionamiento de los republicanos, especialmente Donald Trump, que pareciera estar siendo conducido nuevamente a la Casa Blanca. Y en las elecciones al Congreso es casi imposible que no ganen los conservadores, con mayoría absoluta.
El gobierno dominicano -pese a sus buenos resultados en el desempeño de las políticas públicas y una adecuada dirección de la economía, con transparencia- da la impresión de estar presionado políticamente.
Y no es para menos. Como ha venido ocurriendo tras la pandemia de COVID-19, el cierre mundial de las economías y la agudización de la crisis tras el estallido de la guerra de Rusia y Ucrania, con los efectos del conflicto y de las sanciones impuestas por EEUU y la UE, muchos partidos de gobiernos se enfrentan a la posibilidad de ser desplazados del poder.
El partido de gobierno en España, en las elecciones regionales de Andalucía, acaba de recibir una derrota vergonzosa: era la zona en la que siempre ganaba y mantenía mayoría absoluta, y ahora fue la derecha la que ganó de manera contundente.
En Chile ganó la izquierda, con Gabriel Boric; en Honduras ganó la propuesta más democrática, con Xiomara Castro; en Perú el presidente es Pedro Castillo, del Partido Comunista, y en Colombia el economista y exguerrillero Gustavo Petro le ganó las elecciones a la derecha más recalcitrante en un país con uno de los gobiernos más conservadores del continente. En Brasil, el ultraderechista Bolsonaro sabe que poco puede hacer para evitar su proyectada derrota electoral, y el expresidente Luiz Ignácio Lula da Silva, que estuvo en prisión por un acusación de corrupción, y luego fue descargado y liberado, se perfila como ganador de las elecciones generales del próximo 2 de octubre de 2022.
Desde el costado social, pero también político, hace bien el presidente Luis Abinader en actuar con diligencia frente a la crisis que azota a los países democráticos. Las protestas por las alzas de la electricidad en Europa y en América Latina son cotidianas y hasta justificadas. Esta semana hubo protestas en Puerto Rico precisamente porque las alzas en los precios de un bien social, económico y jurídico como el servicio de energía han sido exhorbitantes. Ya han vivido jornadas de protestas Ecuador y Panamá, entre otros países.
El presidente Luis Abinader tuvo que decidir que el Pacto Eléctrico, firmado en 2021 por los partidos políticos y los sectores empresariales y laborales, sea revisado y ya el Consejo Económico y Social convocó para el lunes para revisar el documento. Pero, adelantándose a lo que se pueda decidir en el CES sobre el Pacto Eléctrico, el gobernante dominicano decidió no continuar aplicando aumentos en los precios de la energía eléctrica, porque eso podría representar un riesgo muy alto en la paz social que vive el país.
Algunos partidos han pedido echar atrás los aumentos que se habían realizado en la factura eléctrica cumpliendo con el Pacto Eléctrico. Otros dicen que el gobierno está politizando el tema eléctrico, y piden que se siga cumpliendo el pacto con los aumentos programados.
¿Acaso quienes prefieren se cumpla con los aumentos contemplados apuestan a dañar el estado de tranquilidad social? Parecería que se juega a la politiquería para buscar un culpable.
Por un lado el gobierno ha evitado mayores aumentos en los precios de los combustibles. Eso influye en los precios de los alimentos. El sacrificio fiscal del gobierno supera los 30 mil millones de pesos este año. El subsidio eléctrico es de aproximadamente 60 mil millones de pesos. Y la Superintendencia de Electricidad acaba de informar que desestima el último aumento en los precios del kilovatio hora de electricidad.
"Solo para el reajuste aplicado en el trimestre de abril-junio, el Estado absorbió el costo diferencial de los clientes residenciales (Tarifa BTS-1), con consumo mensuales de 300 kWh o menos, que equivale a 1.9 millones de familias. Este segmento recibió un ajuste de solo 9% en su tarifa, en lugar del 14% que correspondía de acuerdo a la metodología para el cálculo de la tarifa de transición”, dice la resolución de la SIE.
Y añade que "solo para este trimestre de julio a septiembre, bajo la modificación correspondiente al ajuste y con el objetivo de contener el alza para la familia dominicana el Estado otorgará RD$2,810.42 millones mensuales para el pago del subsidio a la tarifa de la electricidad”. Y eso es precisamente lo que la oposición más oportunista no quiere que se haga.
Si en estos momentos de crisis se insiste en que se actúe como en tiempos de normalidad, lo que equivale a sobrecargar a la población de los altos costos derivados de los mercados internacionales, se estaría alentando una poblada, y eso no es sensato.
El gobierno está obligado a mantener la paz social y a proteger la economía popular, a toda costa, independientemente de los acuerdos que se hayan firmado en esta y en pasadas administraciones. En tiempos de crisis hay que olvidarse de las concepciones rígidas, dejar a un lado la ortodoxia. Esto deben de tenerlo presente no solo los políticos de la oposición, sino también los grandes agentes económicos.