Este lunes 11 de septiembre se estará reuniendo el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, para analizar la situación de Haití y sus repercusiones en la República Dominicana, recientemente agravado por la intención de grupos agrícolas y políticos del lado haitiano para aprovechar -fuera de lo que ha sido siempre el uso de las aguas del río Masacre- el caudal de este rio fronterizo en provecho de los llamados “combites” de campesinos haitianos.
¿Hay algún elemento nuevo que implique otros riesgos, que no sean los ya conocidos, que impulsen al presidente Abinader a hacer esta convocatoria?
No lo sabemos. Es muy probable que la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, a partir de las 9 de la mañana, y que será cerrada, discuta otras razones desconocidas sobre la gravedad de la cuestión haitiana.
El presidente Luis Abinader dijo el fin de semana que la frontera seguirá cerrada y que no habrá negocios ni actividad tradicional, pese a lo relacionado con el intercambio comercial, debido a que los asuntos de seguridad y soberanía están por encima de todo lo otro, incluyendo los negocios.
Roberto Alvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, fue quien hizo el anuncio del cierre de la frontera y presentó la solicitud formal al gobierno haitiano para que cesara la construcción de un canal que llevaría las aguas del masacre a las fincas agrícolas de los haitianos.
El gobierno de Haití es muy débil y carece de recursos para cumplir con la petición del gobierno dominicano. Pese al apoyo de los Estados Unidos, Unión Europea, República Dominicana y de las Naciones Unidas, el gobierno de Ariel Henry no tiene fuerzas ni recursos para cambiar lo que ocurre en su país ni para impedir lo que hace su gente en la frontera dominicana tratando de desviar el Masacre.
Henry ha pedido a la comunidad internacional el apoyo de una fuerza policial y militar, en dos ocasiones, y nadie ha acudido por los riesgos que esto conlleva. Kenia ofreció mil hombres y apoyo técnico, pero hay muchas dudas sobre las posibilidades de esa solidaridad del país africano.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha establecido una especie de agenda respecto al drama de Haití. Estados Unidos ha ofrecido ayuda, pero nadie se atreve a nada. La comunidad internacional desconfía de los haitianos. Cualquier acción a favor de Henry, más allá de lo que se hace, podría terminar en fracaso. Eso quiere decir que los haitianos están solos y tendrán que buscarse una alternativa diferente de las muchas que ha encontrado la comunidad internacional para situaciones de crisis en todo el mundo.
Una posibilidad es que el gobierno haitiano contrate a mercenarios, que los hay en todo el mundo y los contratan muchos gobiernos, para que impongan el orden al que podría estar aspirando Ariel Henry.
En una primera ronda para apoyar la propuesta de Kenia, la comunidad internacional quería recaudar 500 millones de dólares. Se desconoce si este monto de dinero pudo obtenerse. Nadie habla de eso.
El gobierno dominicano debe proteger la frontera, resguardar los recursos naturales propios y los compartidos con Haití, amigablemente, hasta donde las circunstancias lo permitan.
El uso de la fuerza, si es algo que se tiene planeado, no es una acción aconsejable. Reiteramos que no es posible técnicamente que los haitianos roben el caudal de agua del río Masacre, a menos que construyan un dique de almacenamiento.
Una crisis en la frontera no beneficia al país, y le haría mucho daño en su imagen, especialmente por la debilidad del gobierno haitiano, y porque estamos hablando de un “Estado” en franca disolución.
Localmente hay grupos que siguen agitando, promoviendo el odio hacia los haitianos, presionando a la dirección de Migración y al Palacio Nacional para que ejecuten políticas más draconianas que las ya aplicadas, para perseguir y expulsar nacionales de ese país de nuestro territorio.
El gobierno dominicano debe evitar los extremos, y sería aconsejable que en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional se discutan y se incluyan balances sobre muchos otros factores que entrarían en juego en caso de que se tomaran medidas más drásticas que las que ya fueron anunciadas.