La lucha electoral está planteada con miras al proceso de 2024, tanto municipales como congresuales y presidenciales. Ahora lo que uno observa son los escarceos tradicionales, las dudas y denuncias, y hasta las amenazas de que hay partidos políticos que se plantean la posibilidad de la abstención.

Siempre ha sido así. En 1970 y en 1974 los grandes partidos opositores desistieron de acudir a las elecciones presidenciales y quedó siempre como ganancioso, y con legitimidad, el doctor Joaquín Balaguer, quien hizo todo cuanto pudo para evitar que los opositores asistieran a las elecciones.

Ahora no es el mismo caso. No se trata de que el gobierno lance los militares a las calles, o que los fusiles de los militares tengan banderas del PRM. Se trata de que los partidos opositores se niegan a acoger un reglamento de la Junta Central Electoral que establece que el 20 por ciento de reservas de candidatura para ser pactadas debe ser por cada demarcación o tipo de elección, y no de forma global.

Esa misma JCE que adoptó esa resolución también descartó el voto electrónico como ya antes se había iniciado, en procesos anteriores, y se habían adquirido equipos, porque la ley electoral y la Constitución establecen que el conteo debe hacerse voto a voto y no de forma automática.

El pleno de la JCE es un órgano independiente políticamente de los partidos políticos, y tiene credibilidad y legitimidad, aunque no haya organizado ninguna elección, porque todo el mundo sabe de la solvencia de los profesionales que dirigen la entidad. Luego de un fracaso vergonzoso como el ocurrido con la anterior JCE, es muy cuesta arriba pensar que los actuales miembros del órgano electoral vayan a poner un pie en falso en la organización de las elecciones del 2024.

Por más aspavientos y protestas que hagan los partidos opositores, principalmente el de la Liberación Dominicana, la JCE no puede cambiar de posición. Es como admitir que se están equivocando. O peor aún, sería aceptar que el PLD y sus acólitos que se adhieren a su criterio son los que trazan la pauta de cómo deben hacerse las elecciones, como que ha hicieron en los últimos 20 años con resultados insatisfactorios.

La JCE debe mantener su resolución y seguir adelante. Lo que es igual no es ventaja, y no se está favoreciendo a nadie en particular, sobre todo cuando sabemos que fue el mismo procedimiento utilizado en 2019 para la elección de candidaturas y pactos que se estableció para las elecciones del 2020, sin que los opositores protestaran.