El viernes de la última semana de enero de 2022 la Junta Monetaria se reunió y tomó varias decisiones, entre ellas una Segunda Resolución que ordena a la Superintendencia de Bancos la liquidación y cierre o disolución de Bancamérica, una de las más pequeñas entidades financieras de la República Dominicana, creada con capital venezolano, y presidida por el controversial banquero Víctor Vargas, a quien durante un largo tiempo se le vinculó con el gobierno presidido por Hugo Chávez en Venezuela.
Las autoridades dominicanas han actuado con legalidad y prontitud en este caso. Con tiempo suficiente sometieron a la entidad financiera a un proceso de revisión y cumplimiento de normas nacionales, pero tratándose de una institución con un consejo de accionistas y directores que responden en la práctica a una persona, Víctor Vergas, parece que fue imposible la adopción de las medidas recomendadas por la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos.
Recordemos que hace apenas unos años banqueros venezolanos habían establecido el Banco Peravia, una entidad de capital mixto venezolano y dominicano, pasaron por una situación de quiebra fraudulenta, comprometiendo a varios inversionistas dominicanos. El proceso determinó que José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray habían cometido graves irregularidades en sus labores de gerencia, y fueron juzgados en contumacia, porque huyeron del proceso penal, y condenados. Estos hechos ocurrieron entre el 2013 y el 2014, apenas 10 años después de las quiebras fraudulentas de tres de las más importantes instituciones del sector financiero dominicano, y posterior a que la justicia condenara a sus responsables.
Otras entidades pasaron por situaciones similares, pero sin que los ahorrantes perdieron sus depósitos, como pasó con el Banco Gerencial y Fiduciario. El sistema financiero dominicano se fortaleció por las normas de Basilea II, las autoridades fortalecieron los controles, la supervisión y el rigor para manejar situaciones engorrosas en las entidades del sector financiero.
La repetición de una crisis con otra entidad financiera de origen venezolano no tiene por qué representar ningún castigo para los capitales de origen venezolano, ni tampoco tiene que representar dudas sobre otras entidades que surgieron en el país procedentes de ese país sudamericano y con recursos también provenientes de Venezuela. Muchos empresarios solventes de Venezuela han establecido sedes en la República Dominicana, y participan con diligencia y solvencia en sectores de la construcción, turismo, financiero, sin representar ningún riesgo.
Bancamérica había realizado operaciones bajo la vigilancia oficial, pero continuó teniendo pérdidas, que en el 2021 la llevaron a un régimen más estricto de cumplimiento de objetivos. De acuerdo con las autoridades la entidad en disolución tiene 28,485 depositantes, que representan 0.34% del sistema. Solo 15,260 registran balances en sus cuentas y/o instrumentos de ahorros, con un total de RD$ 3,257 millones. La cantidad de deudores asciende a 5,438, representando el 0.27% del sistema. De acuerdo con nuestro colaborador en temas financieros, Jesús Geraldo Martínez, ningún cliente perderá un solo centavo y las autoridades procederán con la disolución de la entidad luego de cumplir con los compromisos contraídos.
Jesús Geraldo Martínez anota lo siguiente: “Cabe señalar, que las administradoras de fondos de pensiones, ni el gobierno dominicano poseen depósitos en dicha entidad en disolución, y a que nivel de las entidades bancarias se observan depósitos por valor de apenas RD$1.59 millones, por lo que podemos afirmar que ninguna entidad de intermediación financiera saldrá afectada y altamente probable que estos depósitos pertenezcan a dos o tres entidades bancarias locales”.
En consecuencia, las autoridades monetarias han actuado con transparencia, diligencia, prontitud y han evitado el contagio de las entidades del sector financiero. Es lo que corresponde.
El caso, sin embargo, obliga a mirar hacia atrás y a mirar la forma en que la quiebra fraudulenta de tres bancos en 2003 prácticamente destruyen el sistema de pagos de la República Dominicana, se llevaron el 22 por ciento del PIB y atrasaron la lucha contra la pobreza por lo menos durante 10 años, con muy pocas consecuencias jurídicas para los defraudadores. Las autoridades deberán determinar si corresponden acciones judiciales contra los responsables de esta entidad financiera. La República Dominicana ya tiene suficiente y trágica experiencia en quiebras fraudulentas de entidades financieras.