El pasado 15 de agosto, el presidente Abinader dictó el decreto No. 365-23, el cual declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo del nivel preuniversitario. De acuerdo al mismo “El proceso de reforma y modernización del sector educativo tiene el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas, así como la prestación eficiente del servicio educativo, con miras a garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad en la República Dominicana.”
A pesar de las frustraciones de las pasadas reformas, la lectura del decreto 365-23 arroja cierta luz esperanzadora, porque ordena reformar aspectos que han sido dejados de lado en las anteriores, como la transparencia, el rol y las relaciones de las diferentes instancias del sistema. En primaria y media se han hecho varios intentos de reformas en los últimos 35 años. El primero y más exitoso fue el Plan Decenal de Educación iniciado en el 1990, el cual llevó a la promulgación de la Ley 66-97, un importante avance con relacion a la Ley 29-09 que rigió por 47 años y había sido elaborada en la tiranía trujillista.
Los objetivos que especifica el decreto son altamente pertinentes, tales como: la actualización del marco normativo; proponer un marco sólido, moderno y coherente que permita una participación social y fomente un ambiente de transparencia en el que se lleve a cabo la rendición de cuentas; la revisión de las políticas educativas; el fortalecimiento de la programación de políticas públicas, estrategias y sistema de planificación; la coordinación y racionalización del esquema organizativo de los entes del sector.
Es alentador que el decreto dispone la priorización de la reestructuración del Ministerio de Educación, en especial el “fortalecimiento de su rol rector en materia educativa.” Esta parte estará bajo la responsabilidad, tanto del MINERD como del MAP, para lo cual se podrán contratar los especialistas necesarios.
Esto parecería indicar que esta primera parte es un asunto de Estado. En tal sentido, debemos esperar que en esa reestructuración se desmonten los tres vicios que han mantenido a la educación pública dominicana anclada en el pasado y que no son de orden pedagógico sino político-institucionales. Estos vicios son el clientelismo político, el sindicalismo y la ausencia de rendición de cuentas, entendida esta última, no solo como disponibilidad de información y uso de recursos, sino sobre todo como responsabilidad de los actores sobre el resultado de la inversión pública.
La educación privada y la pública regida por órdenes religiosas, muestran testimonios de que, eliminados estos tres lastres, cualquier institución, aun con medianos recursos, puede tener mejores resultados que una escuela pública con muchos recursos en la que, la política y el sindicalismo no permiten que se avance, arrastrando a la desidia hasta a los mas preparados y bien intencionados y con la ventaja de no sufrir ninguna consecuencia por sus fracasos.
De acuerdo al decreto, separadamente, se creará una comisión para diseñar un nuevo plan decenal de educación. Para la elaboración de planes, el país cuenta con un diagnóstico bastante documentado, con suficientes estadísticas, evaluaciones nacionales e internacionales, análisis expertos de la situación de la educación preuniversitaria, pero sobre todo de la pública. También el país cuenta con personas muy preparadas, que han optado por quedarse en el sistema educativo, a pesar de las dificultades para lograr avances.
Se han elaborado al menos tres planes decenales en las últimas tres décadas, pero los resultados ni siquiera se han acercado a lo esperado. Basados en todos estos intentos fallidos de mejorar la educación dominicana, debería hacerse algo más práctico, flexible y eficaz, que al mismo tiempo se corresponda con los cambios institucionales que se establezcan en la primera parte de la reforma. Los principales escollos en las escuelas públicas están claramente identificados y mayormente están relacionados con los tres vicios que mencionamos arriba.
Lo mínimo que podemos esperar en esta ocasión es que no se impongan de nuevo los intereses particulares, políticos o sindicales. Teóricamente, todo el mundo dice que esta de acuerdo con las reformas educativas. Pero no celebremos por adelantado porque, como es natural en toda sociedad, cada sector participante tiene sus intereses y los va a defender con toda la intensidad y las armas a su disposición. Esto no es esencialmente malo, es parte de los regímenes democráticos, pero en los países con grandes debilidades institucionales, los intereses particulares terminan imponiéndose y los sectores más débiles obtienen muy pocos beneficios.
El sector más grande y fundamental en el diseño y ejecución de una reforma educativa, está integrado por los niños que asisten a las escuelas públicas, así como sus familias y otros sectores sociales, como la clase media, que ha tenido que cargar con altos costos educativos privados, ya que la escuela pública significa una condena a la ignorancia y la pobreza. Este grupo, por tanto, representa a la inmensa mayoría del pueblo dominicano que paga impuestos para tener buenos servicios públicos pero que ve con impotencia cómo diferentes intereses distribuidos en la pirámide del sistema se van apoderando de la mayor parte, mientras lo que llega a la base realmente es apenas migajas.
¿Quién representará a esa inmensa mayoría en la mesa de negociaciones para la reforma educativa? De seguro que alguien responderá que ahí serán invitados representaciones de los estudiantes y de las asociaciones de padres y tutores. Eso estaría bien. Sin embargo, en los regímenes democráticos se vota para elegir una representación que, se supone, esta compuesta por personas calificadas, conocedoras de las realidades y comprometidas con los cambios que se requieren para llevar el bienestar a los pueblos. Esa representación la ostenta el gobierno y, específicamente, el presidente de la República, legisladores y funcionarios gubernamentales que tienen una función relacionada con el sistema educativo, acompañados por una legión de expertos y técnicos a quienes se les paga para estudiar, recomendar y ejecutar las soluciones más eficientes y efectivas. Estas personas elegidas o designadas para defender los intereses de la mayoría no pueden ser mediadores imparciales entre intereses particulares, sino dignos y firmes representantes de un progreso educativo que beneficie a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Las reformas educativas son procesos generalmente largos y tediosos. Frecuentemente se incurre en el error de esperar la producción de largos y complejos documentos, mientras tanto, los diferentes actores siguen tranquilamente haciendo más de lo mismo. Los documentos que se han producido en el país son, en sentido general, teóricamente bien elaborados, pero de difícil aplicación. Ejemplos de esto son los diseños curriculares de los niveles primario y medio, documentos que pecan de ser ilusorios, sobrecargados de resultados esperados, alejados de los medios con que cuenta el país para implementarlos. Sólo una exigua minoría de las más excelentes escuelas, privadas o públicas, puede siquiera acercarse a una parte de los objetivos y competencias que se esperan.
Una de las más importantes deficiencias de los planes elaborados hasta ahora es que se han enfocado exclusivamente en la educación preuniversitaria, mientras el lugar donde se deben formar los ejecutores de esas reformas, la educación superior, se mantiene incólume. En el país no se ha producido ninguna reforma importante de la educación superior, más allá de los esfuerzos particulares que han hecho un pequeño número de universidades para mejorar su oferta y calidad. Fuera de estas excepciones, el crecimiento de la educación superior se ha producido sobre un esquema de baja calidad y precio, con grandes desigualdades por nivel socioeconómico y escaso impacto social. En las carreras relacionadas a la formación de docentes la situación es verdaderamente vergonzosa, tal como muestran las evaluaciones y concursos.
El país no cuenta con los docentes preparados para asumir una reforma educativa. De ignorarse esta realidad se estaría repitiendo lo mismo: desperdiciar años diseñando y discutiendo reformas con objetivos y niveles de calidad ambiciosos, pero que no se podrán ejecutar en las aulas, al menos en la mayoría de las escuelas. A pesar de la mejoría salarial, la profesión docente sigue sin motivar a los mejores talentos, que los hay en otras áreas. Por eso vemos que muy pocos de los que participan en los concursos alcanzan el nivel de excelencia que se requeriría para ser un buen docente.
Más del 80% de los que ingresan a la profesión docente en el sector público, caen en la categoría denominada generosamente “aceptable”. La evaluación docente del 2017, cuya nueva edición esta pendiente, muestra que, aun entre los que tienen muchos años en servicio, más del 70% no cuenta con las condiciones para enseñar. En algunas regionales, más del 90% de los docentes reprobaron la evaluación, incluso predominan las notas inferiores a los 30 puntos.
La reforma que ahora propone el presidente Abinader abordara aspectos sumamente importantes que atienden a problemas sistémicos, como son la institucionalidad y la gobernabilidad. Estemos claros en que éstos no son exclusivos del sistema educativo, sino de toda la sociedad dominicana y de todas las instituciones. La reforma educativa es necesaria y hay que apoyarla, pero no hay forma de hacerla sin afectar a personas, culturas y esquemas de poder que han sido responsables del fracaso. Si los políticos y gobernantes, en vez de representar genuinamente los intereses del pueblo, están demasiado preocupados por su popularidad, no estarán dispuestos a pagar el costo que necesariamente hay que pagar cuando se quieren hacer cambios reales.
Los momentos electorales se prestan a que se prioricen “acuerdos”, así entre comillas, en los que salen gananciosos los que tienen los medios para imponerse. Si se priorizan las simpatías, si se quiere complacer a todo el mundo, será más de lo mismo.