Del paquete de reformas que el presidente Luis Abinader dio a conocer este lunes, luce que la de mayor simpatía y apoyo popular y de sectores de clase media y alta es la reducción del Congreso Nacional, es decir achicar el número de diputados de 190 a 137, que que presentaría 53 diputados menos. No se tocaría el número de senadores, que se corresponde con el número de provincias y el Distrito Nacional.
Aproximadamente un 98% de los ciudadanos que se han expresado en sondeos y redes sociales, y los que respondieron las preguntas del Presidente en sus redes, masivamente indican que los legisladores tienen la peor de las opiniones, por su desempeño, los privilegios que históricamente han disfrutado, la falta de seriedad en la labor legislativa.
Y hay un hecho que abona la mala percepción que la ciudadanía tiene frente a senadores y diputados: la realidad de que muchos de los electos no son políticos profesionales de larga trayectoria ni servidores públicos de carrera, sino personas que se acercan a los partidos, regularmente con una buena bolsa disponible para gasto de campaña, que gestionan intereses personales y privados, no siempre coincidentes con el interés colectivo. Esa es la cuestión.
En el sondeo del Presidente el porcentaje más alto de aprobación, de 97.6% lo obtuvo la reducción de legisladores.
Acento ha realizado sondeos, en los que participan miles de personas, y salen con resultados parecidos.
Incluso hay quienes han considerado que el Presidente Abinader se quedó corto en la propuesta.
Existe la convicción de que, para eficientizar el Congreso y erradicar muchas de las malas prácticas de los legisladores, es necesario eliminar una de las cámaras y que como poder legislativo el país tenga solo una cámara con senadores provinciales y un máximo de dos diputados por provincia.
El congreso unicameral opera muy bien en muchas democracias del continente, y no corren con el costo de un parlamento de más de 200 personas, con miles de empleados, privilegios, beneficios para los legisladores, incluyendo su propia seguridad social, pasaportes diplomáticos, barrilito y cofrecito, y ventajas enojosas para las celebraciones festivas, pagos por ser parte de comisiones, además de las famosas demandas que hacen al Ejecutivo para aprobar determinadas propuestas legislativas.
Esta convicción, más que percepción, de la ciudadanía, no puede dejar indiferentes a los partidos políticos ni al propio congreso, que está en la obligación de analizar el amplio rechazo de la sociedad a sus formas de conducirse en una relación que la gente interpreta como excesivamente desigual y onerosa.
Los actuales congresistas deben mirar incluso el apoyo que consigue la propuesta del presidente de unificar las elecciones congresuales y presidenciales con las municipales. La sociedad no quiere, no acepta, no soporta los privilegios que se han establecido los propios legisladores. Cada diputado y senador sale del Congreso con una pensión de lujo bajo el brazo, cuando hay ciudadanos, incluso enfermos, que luego de trabajar décadas en el Estado o en el sector privado, les resulta difícil obtener una pensión digna, que les permita sobrevivir.
No se trata de un rechazo a los mecanismos democráticos del Estado. Tampoco se trata del rechazo a un órgano como el Congreso Nacional, que debe servir de balance frente a un poder ejecutivo poderoso. Aquí lo que hay es un hartazgo de la sociedad con los muchísimos privilegios y ventajas que se han establecido legisladores que toman decisiones de forma irresponsable y que responden de forma desconsiderada cuando la ciudadanía se queja por su pobre desempeño.
Los senadores y diputados son, ante todo, dirigentes políticos, figuras prominentes de partidos políticos. Y si hay un sector de la sociedad que debe cuidar la calidad de la democracia, es el de los políticos y sus partidos, pues son actores de primer orden en la praxis de la democracia, junto a la ciudadanía. Que no lo olviden los políticos.