Ha quedado más que evidente que la recién aprobada y promulgada Ley 01-24, que transformó el viejo Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) en la Dirección Nacional de Inteligencia, tiene artículos contrarios a la Constitución de la República Dominicana.
En el Tribunal Constitucional han sido depositados varios recursos que atacan la referida ley por contravenir la Carta Magna, y lo más probable es que esa alta corte falle favoreciendo a los demandantes.
Los derechos de la ciudadanía no pueden ser puestos en juego, que es lo mismo que dejarlos sin la protección efectiva de las instituciones de justicia.
Y es precisamente lo que ocurre con el artículo 11 de la Ley 01-24, que autoriza a las autoridades de la DNI a obtener información de personas o entidades sin la previa y expresa autorización de un juez.
Lo mejor que puede hacer el Ejecutivo es someter un proyecto para reformar la referida ley, incluso sin esperar la decisión del Tribunal Constitucional.
De sabios es rectificar.